Diputados imputados: La Legislatura espera un pedido de la Justicia para intervenir
La imputación de dos diputados salteños puso la atención sobre la Legislatura provincial y abrió interrogantes sobre el actuar la Cámara ante causas judiciales que involucran a sus propios integrantes, en ese escenario, desde Diputados explicaron cuál es el procedimiento que corresponde seguir.
Dos diputados salteños, Gerardo Orellana por Anta y Héctor Vargas por San Carlos, se encuentran imputados por hechos de corrupción, lo cual puso la lupa en la Cámara de Diputados de Salta.
La diputada provincial por la capital, Socorro Villamayor, fue consultada al respecto e informó que la Cámara de Diputados hasta el momento no recibió ningún tipo de notificación, tomando conocimiento de lo ocurrido por la difusión en los medios de comunicación.
“A la Cámara de Diputados no llegó ningún tipo de requerimiento sobre estos hechos”.
“Lo que hacemos siempre es esperar cualquier tipo de petición de la justicia en caso de que requiriesen una actuación por parte de la Cámara” comentó la legisladora a El Once TV.
Sostuvo que, desde su mirada, es importante que ante hechos de esta naturaleza la justicia avance e investigue, pero también llevó tranquilidad a la sociedad explicando que por el hecho de revestir este tipo de cargo no significa que cuenten con privilegios ni sean exentos de poder ser juzgados en caso de haber cometido algún delito.
Diputados imputados
Héctor Vargas, diputado provincial por San Carlos y exintendente de la localidad, se encuentra imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público.
La investigación a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, abarca la compra y venta de terrenos destinados a un loteo social, fondos de un programa nacional y retiros de una cuenta municipal por más de $64 millones.
Gerardo Orellana, diputado provincial por el departamento Anta y exintendente de Joaquín V. González, se encuentra involucrado en la causa por “pensiones truchas”.
El actual legislador, habría intervenido en expedientes y firmado documentación relacionada con personas que no reunían los requisitos para obtener una pensión. El legislador está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.