El caso más resonante se denunció en Taco Pozo, en Chaco, donde se habría presentado entre la documentación de una persona una placa de cadera de un perro. 

Respecto a Salta, es el fiscal federal Carlos Amad quien lleva adelante la Investigación y confirmó que se encuentra en la etapa de recolección de pruebas y de acuerdo a los primeros datos, se trataría de unas 20.000 personas que habrían accedido al beneficio sin cumplir con los requisitos legales.

"Estamos corroborando si lo que se está pagando es correcto o no. Lo que está hecho de manera irregular es un delito. Seguimos buscando documentación y estamos pendientes de las auditorías que se están haciendo. ANSES informará oficialmente los resultados una vez concluidas".

Adelantó que no solo investigan a  beneficiarios  sino también a la estructura detrás de estas maniobras: "Estamos buscando quiénes fueron los que permitieron que se otorgaran pensiones a quienes no correspondía".

Confirmó además que a nivel nacional, también se identificaron patrones similares, lo que indicaría un modus operandi replicado en diversas jurisdicciones. En este contexto, la causa podría derivar en una investigación federal de mayores dimensiones.

"Es un ajuste encubierto que vulnera derechos fundamentales"

Atento a esta investigación, Carlos Corrales, vicepresidente de ALSA (Asociación de Personas con Discapacidad de Salta), expresó su malestar por el modo en que se están llevando adelante los controles y advirtió sobre las graves consecuencias sociales que ya se sienten en la provincia.

Actualmente, el monto de la pensión por discapacidad es de 260 mil pesos, una suma que no alcanza para cubrir las necesidades básicas, y muchas personas del colectivo dependen exclusivamente de los hospitales públicos, que ya están desbordados por la alta demanda.

No se puede hablar de eficiencia cuando se pone en riesgo la vida y la dignidad de las personas".

El contexto nacional

La meta oficial es recortar alrededor de 200 mil pensiones durante este año, como lo establece el proyecto de Presupuesto 2025.

Agregó que el caso de Taco Pozo es una fake news, ya que la imagen fue rechazada por el cuerpo médico y esa pensión nunca se entregó pero a pesar de ello, las auditorías continúan y han sido duramente cuestionadas por su falta de organización y enfoque discriminatorio. Entre los principales problemas se encuentran:

La empresa de correos Andreani, contratada por más de 13 mil millones de pesos, no tiene alcance real a zonas alejadas ni barrios populares, lo que deja a miles de beneficiarios sin enterarse de su citación.

Muchas direcciones no están actualizadas, y los plazos para cumplir con los requisitos vencen sin que las personas sean notificadas a tiempo.

Las cartas documento no son accesibles para personas con discapacidad visual o intelectual, lo que fue denunciado por organismos como la ACIJ.

En provincias como Salta y Santa Fe, las personas deben trasladarse kilómetros para realizar trámites básicos, enfrentando salas de espera colapsadas y falta de personal.

A esto se suma la vuelta al antiguo decreto 432/97, que reinstaura un enfoque médico de la discapacidad, previo a la Convención de la ONU, a la que Argentina adhirió en 2014. Y la aplicación de la polémica Resolución 187/2025, que incluye términos ofensivos como "idiota" y "mogólico" en sus clasificaciones, y establece un nuevo "baremo" que endurece el acceso al beneficio. Aunque el Gobierno pidió disculpas públicas, la normativa sigue vigente.

Por último Corrales dijo por Que Pasa Salta:  "esto no es solo una auditoría: es un ajuste encubierto que vulnera derechos fundamentales. No se puede hablar de eficiencia cuando se pone en riesgo la vida y la dignidad de las personas".