La Fiscalía de Distrito amplió la acusación contra el ex intendente de Coronel Juan Solá (Estación Morillo), Atta Gerala, su hijo José Miguel y David Medina, un comerciante de Orán. La ampliación se refiere al robo masivo de vías férreas en el Chaco Salteño. La decisión se formalizó el 20 de marzo en una audiencia dirigida por el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, quien también autorizó nuevas medidas probatorias para avanzar con la causa.

El juez otorgó el arresto domiciliario a José Miguel Gerala y David Medina, quienes habían sido detenidos el 4 de noviembre tras varios allanamientos en Orán y Morillo. En esos operativos se incautaron 165 rieles sustraídos, de los cuales 15 estaban en la propiedad del ex intendente. A ambos se les imputó contrabando de mercadería agravado y robo agravado, mientras que a José Miguel Gerala se le sumó el delito de "robo agravado por ser cometido en despoblado".

El 11 de diciembre, el fiscal general solicitó la detención de Gerala por contrabando agravado, robo agravado y malversación de caudales públicos, ya que se le acusó de haber dispuesto del uso de bienes públicos para beneficio personal. Sin embargo, el ex intendente sigue bajo arresto domiciliario, mientras que su defensa intentó sin éxito cambiar esta medida por la libertad provisoria.

"Estamos ante un robo a cara descubierta que cuenta con el consentimiento de la policía de Morillo", señaló el fiscal Eduardo Villalba. El Ministerio Público Fiscal destacó las pruebas obtenidas en el lugar y la pericia telefónica realizada al hijo del ex intendente, que revelaron un vínculo directo entre Gerala y los robos de rieles. Además, la fiscalía presentó testimonios de miembros de comunidades originarias que señalaron a Gerala como el cabecilla del robo.

En uno de los procedimientos clave, realizado el 19 de mayo, dos camiones fueron detenidos transportando 180 rieles sin la documentación correspondiente. Los conductores de los vehículos, Edgar Agustín Britez y Mario Arístides Carrizo, afirmaron que habían sido contratados por el ex intendente para trasladar la carga desde Morillo hasta Pichanal. En octubre, los camioneros alcanzaron un acuerdo con la fiscalía que incluyó una donación a un hospital y tareas comunitarias.

El fiscal destacó la relación del ex intendente con la policía local, que permitió que los robos se llevaran a cabo sin intervención. "El robo se hacía a la luz del día, los vecinos escuchaban los ruidos de los cortes y la extracción de los rieles", subrayó Villalba, quien destacó el poder de influencia que Gerala tenía sobre las fuerzas de seguridad locales. La investigación ha sido calificada como "sumamente compleja", ya que se realiza contra la policía de la zona, y también involucra intervenciones telefónicas entre José Miguel Gerala y un oficial de la Comisaría de Morillo, que solicitaba dinero a cambio de permitir el paso de los camiones con los rieles.

La fiscalía también mencionó que las comunidades originarias fueron utilizadas como mano de obra para la extracción de los rieles, y que los acusados amenazaron a los trabajadores para evitar que hablaran. En un testimonio, uno de los camioneros detenido reveló que los aborígenes habían sido contratados por Gerala para la extracción y traslado de los rieles.

Por su parte, el ex intendente negó todas las acusaciones, asegurando que no tuvo nada que ver con los robos ni con la extracción de los rieles. "Esto todo para mí es un manejo político", declaró Gerala. A pesar de su defensa, el fiscal Villalba enfatizó la legitimidad de su elección, pero recordó que el ex intendente aprovechó su influencia en la comunidad para llevar a cabo las actividades ilícitas.