Desde la entidad aseguran que hubo una clara intención de parte del Ministerio de desfinanciar a los centros de diálisis y que hubo desvío de fondos para la compra de máquinas de diálisis que nunca se pusieron en funcionamiento.

Por la atención de cerca de 300 pacientes, la provincia debe unos 37 millones de pesos, como remanente del 2021-2022.

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, comenzó una investigación y dio lugar a la denuncia. "Es una responsabilidad tener un cargo público y ellos no han sido responsables (Esteban y Maury). El principal responsable es el ahora exministro de Salud que ha afectado monetariamente a las pymes salteñas que están distribuidas en todo el territorio provincial cuando cobramos un año después”.

Detalló que la fiscal Odorisio aceptó la denuncia y que las partes ya tienen fecha para presentarse ante la fiscalía. "El hecho que no esté en el cargo no le saca la responsabilidad de lo acontecido. Se demanda a la doctora Maury sabiendo de antemano que pagaba el 23% según el convenio entre ellos (Salud e Incluir Salud); pasa que el Ministerio de Salud no pagaba el 77% restante", sostuvo.

Espeche recordó que, en 2018, Nación delegó responsabilidades y obligaciones a todas las provincias y a través de Incluir Salud (Ex Profe) daba un porcentaje para la asistencia de pacientes sin obra social. "En otras provincias los prestadores no tienen problemas porque las provincias salieron a pagar el resto”.

“Había una idea de desfinanciar a los centros de diálisis y cuando esto ocurre y el centro no recibe al paciente, el Estado tiene la potestad para decidir comprar 20 máquinas y ponerlas en Orán, o Tartagal. Esa era la idea y creo que lo manifestó públicamente ante la sorpresa de los diputados", apuntó.