La carga, incluida en el listado del Registro Nacional de Precursores Químicos, fue valuada en más de 167 millones de pesos.

Ambos fueron considerados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos utilizando documentación adulterada, en grado de tentativa; condenas producto de acuerdos plenos entre la Sede Fiscal Descentralizada Orán y las defensas. La investigación la llevó el fiscal federal subrogante Marcos Romero, con la auxiliar fiscal Alejandra Morales Barberá y el investigador Francisco Mena.

Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, ambos de nacionalidad boliviana, confesaron ante las autoridades y estuvieron de acuerdo con la calificación legal y las penas propuestas por la fiscalía; y los acuerdos fueron homologados en la audiencia del 22 de octubre ante la jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de Salta, que intervino de manera unipersonal.

Fueron considerados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos, mediante el empleo de un documento adulterado, en grado de tentativa, en concurso ideal con el ingreso de precursores químicos a una zona de frontera sin contar con la debida autorización.

También se acordó la inhabilitación absoluta por el término de la condena y la aplicación de las sanciones accesorias previstas en el artículo 876 del Código Aduanero, el decomiso de la sustancia química secuestrada y teléfonos celulares. Respecto de Puma García, se sumó el decomiso del tractor del camión y el semirremolque utilizados para el transporte.

La sustancia secuestrada, valuada en 167.608.459 pesos, había ingresado desde Uruguay y tenía como destino final Bolivia y de acuerdo con la investigación, formaba parte de una operatoria comercial que involucró a empresas de Uruguay, Bolivia y Panamá.

El caso
En la audiencia de control de la acusación, a fines de septiembre pasado, el fiscal Romero señaló que la investigación inició a partir del procedimiento del 16 de marzo de 2026 en el Paso Internacional Aguas Blancas-Bermejo, donde Gendarmería Nacional controló dos camiones de transporte internacional que intentaban salir del país con una carga de 35.144 kilogramos de acetato de etilo en un total de 191 tambores, distribuidos 95 en un vehículo y 96 en el otro.

La documentación establecía que la carga debía salir del país, pero por Salvador Mazza y continuar hacia Bolivia, a la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, ese 16 de marzo, tras circular por el norte y litoral argentino, llegaron a Aguas Blancas, donde fueron sometidos al control.

La documentación comercial tenía como primera empresa transportista a Melinor SA (Uruguay), y posteriormente a la firma Cooperativa Tarija del Sur SRL. La compradora era Southpac Corporation (con domicilio en Panamá), aunque la sustancia tenía como destino final a Corporación Mathiesen SA (Santa Cruz de la Sierra – Bolivia). El acetato de etilo está incluido en la lista de precursores químicos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE).

Documentación adulterada
Los choferes presentaron la documentación comercial y los permisos del RENPRE, entre ellos una autorización de tránsito internacional y el itinerario de la carga. Pero, al cotejarla con el organismo de control, surgió que la documentación no correspondía con la autorización emitida. Por un lado, los dominios de los dos camiones utilizados no estaban autorizados para esa operación, y por el otro, el recorrido realizado no coincidía con el aprobado.