La reforma, impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, completa la transición hacia un sistema penal acusatorio y adversarial iniciado en 2011. La implementación será progresiva, comenzando en el Distrito Judicial del Centro y extendiéndose luego a los distritos del interior.

El nuevo código redefine los roles dentro del proceso judicial, el Ministerio Público Fiscal asume la investigación y la acusación, mientras que el juez se limita al juzgamiento, garantizando mayor imparcialidad y celeridad. El proceso se regirá por los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización.

Entre las principales innovaciones destacan: oralidad plena y la transparencia de los procesos, con audiencias grabadas, fijación de plazos máximos según la complejidad de los casos, herramientas modernas de investigación como agentes encubiertos y acuerdos de colaboración, creación de la Oficina Judicial para optimizar la gestión, y un sistema de apelaciones horizontales que agiliza la revisión de decisiones.

En paralelo, avanzan en la implementación de una plataforma tecnológica unificada que permitirá la interoperabilidad entre jueces, fiscales y defensores. La Carpeta Judicial Digital y la grabación de audiencias reemplazan al expediente en papel, consolidando un sistema despapelizado, ágil y accesible mediante la entrada en vigencia de la Ley N° 8520.