Durante los procedimientos se secuestraron dinero, documentación, dispositivos electrónicos y expedientes vinculados a la causa.

Los allanamientos incluyeron un estudio jurídico, domicilios particulares de los investigados y diversos inmuebles utilizados como domicilios ficticios en procesos judiciales. 

En el caso del estudio legal, intervino el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, que designó un veedor para garantizar el cumplimiento de las normas y el resguardo del secreto profesional.

La causa se inició a partir de informes de los juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos, que detectaron irregularidades sistemáticas en más de 70 expedientes, todos vinculados a una misma parte actora y patrocinados por un mismo abogado. 

Entre las anomalías se identificó la repetición de domicilios inexistentes, abandonados o ajenos a los demandados, e incluso coincidencias entre domicilios de actores y demandados.

Según la investigación, la presunta organización operaba mediante un esquema que incluía la captación de personas en situación de vulnerabilidad económica, el otorgamiento de préstamos informales con condiciones abusivas y la firma de pagarés en blanco. 

Posteriormente, estos documentos eran completados con montos y datos falsos o desproporcionados y utilizados para iniciar juicios ejecutivos.

El mecanismo se completaba con la consignación de domicilios ficticios en las demandas, lo que impedía la correcta notificación de las víctimas y las dejaba en estado de indefensión. De esta manera, se obtenían embargos sin posibilidad de defensa, generando el desapoderamiento de bienes y afectación de haberes.

Durante los procedimientos, en el estudio jurídico ubicado sobre avenida Uruguay se secuestraron sumas de dinero en moneda nacional y extranjera, computadoras, teléfonos celulares, expedientes y pagarés. En el domicilio de una de las principales investigadas se hallaron cuadernos, documentación, comprobantes bancarios y un talonario de pagarés en dólares.

Además, en varios de los domicilios utilizados en las demandas se constató que eran inexistentes, estaban deshabitados o pertenecían a terceros sin relación con la causa. 

En algunos casos, los actuales moradores negaron cualquier vínculo con los investigados, mientras que en otros inmuebles abandonados se encontraron documentos judiciales.

La investigación también detectó posibles inconsistencias patrimoniales y la presunta utilización de una sociedad comercial como estructura de soporte para las maniobras.

En este contexto, el fiscal Rivero solicitó además el levantamiento del secreto bancario de los principales investigados y medidas restrictivas como la prohibición de salida del país y de contacto con denunciantes.

Las personas sospechosas fueron citadas a audiencia de imputación en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, mientras avanza la causa para determinar responsabilidades en una operatoria que habría afectado a numerosas víctimas.