El caso de Ángel López, el nene de 4 años que murió tras sufrir una brutal golpiza, sigue generando una indignación que traspasa las fronteras de Chubut y resuena en todo el país. En las últimas horas, la tensión se trasladó al Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, donde permanece detenida la madre del menor, Mariela Altamirano.

A través de las redes sociales, una organización comenzó a difundir una versión que corrió como pólvora: aseguraban que Altamirano había recibido una "feroz paliza" por parte de otras internas y que el personal de guardia tuvo que sacarla de urgencia hacia la enfermería. El rumor alimentó el clima de sed de justicia que rodea a la causa.

Sin embargo, fuentes judiciales y del penal desmintieron rotundamente el ataque. La realidad es que la mujer se encuentra bajo un estricto esquema de resguardo. Debido a la brutalidad del crimen que se le imputa, Altamirano tiene circulación restringida y no tiene contacto con el resto de la población carcelaria del pabellón femenino. Es, básicamente, una medida para evitar que la maten o la lastimen antes de llegar a juicio.

Incluso, personal de la Defensa Pública la visitó el pasado viernes y constató que no presenta ni un rasguño. Mientras ella sigue aislada por seguridad, su pareja y padrastro del nene, Michel González, permanece en la Alcaidía de Comodoro Rivadavia, donde también se corrieron rumores similares.

Aunque el hecho ocurrió en el sur del país, el caso conmociona a los salteños por la extrema crueldad hacia un menor. La seguridad de los imputados es clave para que la causa avance y no se caiga por "vicios procesales" o incidentes carcelarios, permitiendo que la justicia llegue a una condena efectiva por la muerte del pequeño.

Por otro lado, generó repudio total el pedido de González antes de ser encerrado: exigió una celda con luz natural y un baño en óptimas condiciones. Un contraste cínico frente a la autopsia de Ángel, que reveló más de 20 golpes en la cabeza y un edema cerebral hemorrágico.