Con esta situación que cobró relevancia pública al conocerse que el comercio sería manejado por familiares directos del diputado provincial de La Libertad Avanza, Nicolás Arce.

¿Qué pasó? El local, que funcionaba como multirrubro, entre panadería y local de ropa al mismo tiempo, compartiendo el mismo espacio, presentaba graves irregularidades como la falta de habilitaciones pertinentes y la inexistencia de certificados de manipulación de alimentos.

Al respecto, el director de Rentas de Tartagal, Antonio Moreno, habló con Radio LUP Salta donde señaló que “no existía ninguna documentación que certifique la constatación y la debida habilitación como corresponde del negocio”, a la vez que relató que el procedimiento "derivó en que se labró un acta como corresponde, esto pasó al tribunal administrativo de falta" tras los incidentes con los supuestos familiares del legislador.

Durante el operativo, los propietarios rompieron la faja de clausura delante de las cámaras de televisión y del personal municipal que cumplía con su tarea. "Solidarizarme y expresar el grado de violencia con la que se manejaban los dos señores, tanto Arce como su yerno", manifestó el funcionario municipal sobre el trato recibido por las inspectoras.

La tensión aumentó cuando se mencionó el vínculo político, aunque desde el municipio descartaron cualquier tipo de persecución contra la familia del diputado Arce, siendo contundente al decir que el legislador "debe, sobre todo por el decoro en el ejercicio de la función pública por ser diputado, ayornarse al imperio de la ley".

Moreno también cuestionó la conducta fiscal de la familia, revelando deudas históricas por patentes de vehículos que no han derivado en confiscaciones previas. "Si hubiésemos querido hacer algún tipo de persecución, yo hoy le podría decir que el señor Arce le debe al municipio alrededor de $2.000.000", puntualizó para desmentir las acusaciones de hostigamiento.

Finalmente, sumó que las actuaciones fueron giradas a la justicia penal y al Tribunal de Faltas para que se tomen las medidas legales correspondientes por la rotura de los sellos oficiales, añadiendo por último que estas situaciones "terminan siendo conventilleros baratos" en lugar de enfocarse en las gestiones y necesidades reales que tiene el norte de la provincia.