La medida, que debe comenzar a aplicarse en los próximos días, generó fuerte resistencia en el sector.

La disposición surge tras un siniestro ocurrido en febrero, cuando un colectivo chocó contra un poste en el macrocentro y se comprobó que el conductor tenía 1,4 gramos de alcohol en sangre. A partir de ese hecho, la AMT estableció que las subconcesionarias deben adquirir alcoholímetros y realizar controles internos.

Sin embargo, las empresas sostienen que esa responsabilidad no les corresponde. Argumentan que el control de alcoholemia es competencia de organismos estatales, como la Secretaría de Seguridad, y no de los prestadores del servicio. Además, advierten que no cuentan con personal capacitado ni protocolos adecuados para llevar adelante estas tareas.

Otro de los puntos de conflicto es el costo. Desde el sector aseguran que implementar estos controles implica una inversión adicional que no está contemplada dentro del servicio que prestan.

Desde la AMT, en cambio, ratificaron la medida y defendieron su legalidad. El organismo sostiene que tiene poder de regulación sobre el sistema y que la seguridad es una parte esencial del servicio, por lo que los controles deben ser asumidos por las empresas. También advirtieron que la falta de implementación podría derivar en sanciones.

El plazo para presentar un plan de cumplimiento vence la próxima semana. Mientras tanto, el debate sigue abierto entre la necesidad de reforzar la seguridad vial y los límites de responsabilidad de las empresas en el control de sus conductores.