La iniciativa modifica el Código Contravencional provincial y establece penas más severas para quienes promuevan eventos en lugares no habilitados, incluyendo arresto y multas de alto valor económico.

El texto legislativo también incorpora la responsabilidad solidaria de los propietarios o poseedores de los inmuebles donde se realicen estas reuniones, de modo que no solo los organizadores, sino también quienes faciliten los espacios, deberán responder por las infracciones. Las multas previstas oscilan entre 30 y 80 días, con montos que podrían superar los dos millones de pesos en casos agravados.

El proyecto fue impulsado por los diputados Guillermo Kripper y Socorro Villamayor, quienes unificaron sus propuestas en un documento común. La media sanción obtenida implica que ahora la iniciativa deberá ser tratada en el Senado provincial para su aprobación definitiva, en el marco de un debate que refleja la preocupación por el aumento de este tipo de eventos en distintos puntos de la provincia.

Con esta medida se busca desalentar la proliferación de fiestas clandestinas, consideradas un riesgo para la seguridad, la salud y el orden público. El endurecimiento de las sanciones apunta a reforzar el control estatal y garantizar que los eventos masivos se desarrollen en espacios habilitados, bajo condiciones seguras y conforme a la normativa vigente.