A medida que crece el número de víctimas, que ya asciende a 33, la situación de los ocho imputados también se torna delicada, en especial de cinco de ellos, acusados de integrar una asociación ilícita, agravante que podría llevar la pena hasta 20 años de prisión.

Por otra parte, el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar confirmó que las víctimas no son todas de un mismo colegio secundario, sino de varios, con lo cual el caso cobró mayor notoriedad y explica la gran preocupación que hay, tanto entres los padres de adolescentes y las autoridades educativas.

En un principio, cuando se detuvo a los cuatro primeros implicados, el fiscal general Eduardo Villalba, quien lleva adelante la investigación, señaló que, en ese momento, las dos primeras víctimas identificadas asistían a un colegio secundario de la zona sur de la ciudad.

Con el correr de los días, sin embargo, el número de víctimas creció de manera exponencial, al punto de que, casi a un mes de la formalización del caso, ese número ya pisa los 33 y no se descarta que haya más, pues a medida que las menores exponen sus experiencias, bajo un acompañamiento profesional, otras se animan a denunciar.

La exposición del caso, que saltó a luz a mediados de septiembre, movilizó en un inicio a los padres del colegio, cuyas víctimas revelaron haber sido captadas e introducidas a un circuito de prostitución, entraron en acción y, poco a poco, comenzaron a hablar con sus hijas, lo que sumó más niñas afectadas.

La mediatización del caso, sin embargo, avanzó y llevó a identificar a menores de otros colegios secundarios, pues los acusados lo que buscaban eran chicas de, entre 14 y 15 años y hasta aún de 12, según surgió de la primera imputación.

Oficial del Ejército

Lo que llamó la atención, a su vez, es que, pese a que la existencia de esta red de trata de estudiantes vírgenes era noticia nacional, algunos clientes seguían tratando de contactarse con las menores, lo que llevó al padre de una de ellas, a presentar ante la fiscalía para que tomen cartas en el asunto, caso contrario haría justicia por manos propias.

Fue así que, la fiscalía tomó las medidas pertinentes y se logró la detención del sujeto que intentaba acordar con la menor un encuentro sexual, circunstancias en que se descubrió, para sorpresa de la justicia, que el detenido era un oficial del Ejército.

Esto fue señalado como botón de muestra de la amplia gama de hombres que estaban involucrados en esta red, la que inició sus andanzas, al menos, desde el año pasado, a partir de las maniobras realizadas por un remisero, quien era el que trasladaba a algunas de las alumnas a la escuela.

A partir de ese rol, el conductor se ganó la confianza de las menores, a las que luego comenzó a captar para que se prestaran a realizar servicios sexuales a cambio de dinero, para que así pudieran comprarse teléfonos IPhone, ropa de marca y otros objetos atractivos para las adolescentes.

Al respecto, y del relato de las víctimas que se sumaron más adelante, algunas habrían sido tentadas por los acusados de costear cirugías estéticas a cambio de sumarse a este circuito de perversión sexual, o bien, sumar a otras menores.

Esto, de alguna manera, marca el poder adquisitivo de algunos de los acusados, pues cabe señalar que, entre ellos, habría un empresario y comerciantes, además de un empleado público y otros trabajadores, tanto de esta ciudad como de municipios del valle de Lerma.