Frente a las constantes masacres protagonizadas por el Ejército Rojo en Ucrania, la Casa Blanca diseñó una ofensiva diplomática que apuntaba a suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y a lograr su expulsión del G20. Expulsar es una medida drástica que tiene escasos antecedentes en el sistema multilateral y fue tomada con muchísima cautela por los países que habitualmente se alinean detrás de los intereses estratégicos de Washington.

Las atrocidades cometidas en Bucha robustecieron la perspectiva condenatoria del Departamento de Estado y la Casa Blanca desplegó una ofensiva diplomática que comandó el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Bucha fue un genocidio ordenado por Putin, y Biden quiere que pague por sus sistemáticos crímenes de guerra.

Alberto Fernández apoyó que Rusia fuera suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero no comparte la decisión de anular su membresía en la cumbre del G20. El Presidente considera que ese espacio multilateral sirve para acordar políticas comunes, además de ofrecer a la Argentina una presencia internacional que no tendría en otras circunstancias.

Biden planteó durante su visita a Bruselas que Rusia debía abandonar el G20, y Alberto Fernández replicó con un gesto diplomático que no pasó desapercibido en Washington: confirmó al gobierno de Indonesia-organiza el próximo G20- que participaría de la cumbre de Presidentes y jefes de Estado.

Horas después de ese movimiento político, Putin también ratificó que viajaría al G20 en noviembre. Joseph Biden, que hace 50 años que pertenece al establishment de los Estados Unidos, ya no cree en las casualidades. Y menos si está involucrado el Kremlin.