Según los datos oficiales, el 80% de los beneficiarios no cumplía con los requisitos establecidos para recibir el beneficio.

La medida será realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad en conjunto con el PAMI, con el objetivo de verificar que se respeten los criterios de selección. En la última auditoría, llevada a cabo en diciembre de 2024, se descubrió que muchos beneficiarios no padecían las afecciones declaradas. Además, se dieron de baja 212 pensiones cobradas desde cárceles y otras 150 asignadas a personas fallecidas.

Esta iniciativa forma parte del plan del gobierno para reforzar los controles sobre las prestaciones estatales. Recientemente, se actualizaron las condiciones para determinar la invalidez laboral, publicando un baremo en el Boletín Oficial. Este documento, elaborado por expertos en medicina legal-laboral, establece criterios claros para evaluar las afecciones psicofísicas y su impacto en la capacidad laboral.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta normativa busca garantizar que las pensiones lleguen únicamente a quienes realmente las necesitan, mejorando la transparencia y eficiencia en su otorgamiento.