Renaci: Nación cierra el organismo y deja el registro a las provincias

El martes 1 de octubre, la administración Milei publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución 53/2024; firmada por el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj; donde “abrogar la Resolución Nº 4811/96 de la ex Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, de la cual dependía, por entonces, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas”; cerrando así el RENACI.

El Registro Nacional de Comunidades Indígenas fue creado durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, a partir de la Ley 23.302 sancionada en 1985 (presidencia de Raúl Alfonsín); normativa que “declaraba de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación”. En su sesión de los jueves, el Senado de Salta abordó la cuestión en voz del senador Walter Cruz (Iruya).

En sus declaraciones, el senador remarcó que la medida se gestionó a través del interventor del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con la eliminación del RENACI, se delegó la responsabilidad del reconocimiento de las comunidades a las provincias. En el caso de Salta, las comunidades Lule, Tastil, Iogys (Tartagal y Rivadavia), Weenhayek y Atacama todavía no han recibido el reconocimietno en el ámbito salteño; con el agregado que sus personerías jurídicas ya estaban en gestión ante Nación.

En el caso del pueblo Weenhayek, originario del Estado Plurinacional de Bolivia, hay comunidades asentadas en el éjido municipal de Salvador Mazza, Aguaray y Tartagal (Km 4, Km 5 y Km 6); siendo uno de los últimos pueblos en afincarse en la región norte argentina. Tartagal no los reconoce oficialmente y mantiene el registro de siete etnias radicadas en la zona; sumado también que este pueblo indígena reclama como suyo territorio y otros sectores bajo el solo argumento de ser “herederos legítimos”, lo que ha dificultado la conciliación con las autoridades municipales.