Solicitaron excluir de la investigación a la Fundación Dupuy, así como la intervención de organismos especializados del Ministerio de Seguridad de la Nación para avanzar en la búsqueda del nene de 5 años del que nada se sabe desde el 13 de junio pasado.

Las presentaciones las realizaron a través de su abogado querellante, Roberto Hugo Méndez. Por un lado, los padres de Loan manifestaron su preocupación sobre la participación de la Fundación Dupuy en el marco de las “pericias y apoyos” psicológicos ofrecidos a los menores involucrados en el caso.

Según los querellantes, las tareas realizadas por la fundación no han resultado eficaces, ni profesionales, ni transparentes. Por este motivo, pidieron que se investigue el rol real de esta organización y se determine si su intervención podría estar obstaculizando la investigación, planteando la posibilidad de que se estén desviando pistas y pruebas, con el fin de encubrir la desaparición de Loan.

Además, la solicitud se centra en una de las imputadas, Laudelina Peña, a quien describen como una “mitómana confesa”. Los querellantes aseguran que la mujer ha emitido declaraciones falsas y confusas, con el objetivo de desviar la investigación y proteger a su esposo, Antonio Benítez, también imputado. En esa línea, consideran que la tía de Loan señaló a terceros con el fin de dilatar y confundir a las autoridades, mientras se posiciona a sí misma como una víctima de los hechos, lo que ha generado más incertidumbre en la búsqueda de la verdad.

Por otro lado, los padres de Loan solicitaron la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación, específicamente de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad y la Comisión Asesora en Materia de Lucha contra el Ciberdelito, organismos creados en el marco del Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos. El objetivo de este pedido es intensificar las medidas de búsqueda y el intercambio de información digital para acelerar la investigación.

Dicha unidad, creada en 2020 por la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Nación, tiene como función asesorar en el análisis de delitos tecnológicos y proporcionar herramientas de inteligencia artificial para la investigación de delitos complejos.

Los querellantes creen que el uso de estas herramientas podría aportar información clave sobre los dispositivos electrónicos y cuentas de correo de los imputados en esta causa, y cruzar esos datos con otros casos de delitos sexuales contra menores investigados en la región.

En su solicitud también mencionan la posibilidad de que redes de pedofilia operativas en la provincia de Corrientes estén vinculadas con la desaparición de Loan. Los padres pidieron que se analicen las investigaciones de otros casos, como el del diputado Germán Kiczka y el de Sixto Omar “Yacaré” Fernández, quienes están siendo investigados por corrupción de menores y tenencia de material de abuso infantil. Subrayaron que no se puede descartar que estos sospechosos, y otros acusados de los mismos delitos, hayan tenido algún tipo de vinculación con sustracción de su hijo.

Por último, los padres pidieron que se recurra al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) para verificar si existen nuevos reportes que puedan aportar información sobre el caso. También solicitaron que se realicen investigaciones sobre si las imágenes de Loan o de otros menores presentes en el lugar de su desaparición fueron difundidas en redes de explotación infantil.

La presentación finaliza con una solicitud para que los Juzgados intervinientes proporcionen los resultados de las pericias técnicas realizadas sobre dispositivos electrónicos, teléfonos y correos electrónicos utilizados por los imputados, y se cruce esa información con los datos disponibles en otras investigaciones. Según los padres, esta cooperación es fundamental para esclarecer el caso y detectar posibles conexiones entre los imputados en esta causa y redes de criminalidad organizada.