Fabiola Yañez se comunicó con la secretaria privada del juez federal Julián Ercolini y pidió hablar con el magistrado. "No aguanto más, quiero hacer la denuncia", dijo la ex primera dama. Diez minutos después, comenzó una audiencia formal por Zoom.

Yañez confirmó los hechos de violencia física que figuran en los chats con María Cantero, la histórica secretaria privada de Alberto Fernández, aunque señaló que daría detalles más adelante. Según fuentes de la causa consultadas por Infobae, Yañez afirmó que Fernández la estaba "hostigando psicológicamente", insinuando que el expresidente le enviaba mensajes y la llamaba para disuadirla de presentar la denuncia.

Durante la audiencia, que duró unos 40 minutos, Yañez mencionó el "terrorismo psicológico" y el "acoso telefónico". "El presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente", explicó el juez en una breve resolución de seis carillas.

Tras escuchar el relato de Yañez, Ercolini tomó varias medidas urgentes. Primero, prohibió la salida del país a Alberto Fernández y ordenó medidas de restricción y protección. A partir de ahora, los contactos con el hijo de ambos deberán ser a través de la madre de Yañez.

Concretamente, el juez prohibió al expresidente "todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada".

Además, pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, que refuerce la custodia de Yañez en Madrid. Aunque Fernández reside en Buenos Aires y ahora no puede salir del país, el juez determinó que no puede acercarse a menos de 500 metros de la denunciante.

"Los graves hechos denunciados por la damnificada, sumado al contacto amenazante que ha expresado que ocurrió actualmente, brindan un escenario de riesgo que debe ser mitigado por medio de los mecanismos que la norma procesal brinda", justificó Ercolini al tomar estas medidas.

Después de firmar la resolución, Ercolini delegó la investigación al fiscal Carlos Rívolo, quien ya investiga el patrimonio de todos los imputados en la causa de los seguros. Por ahora, la investigación por las supuestas agresiones seguirá en el fuero federal. "Es un delito común cometido por un ex presidente", explicaron desde Comodoro Py, justificando no delegar la causa al fuero penal ordinario.

No obstante, esta no es una medida definitiva y la causa podría terminar en un juez penal ordinario (no federal). En ese caso, se deberá determinar si todos los hechos ocurrieron en la quinta de Olivos para establecer la jurisdicción final.