Según la información compartida por la Justicia, los condenados son Emanuel José Abdala, Juan Leopoldo Noria, Luis Ángel Adrián Palacios, Ricardo Martín Ruiz, Alfredo Esteban Medina y Facundo Sebastián Díaz, todo por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

El caso, impulsado por la PROCUNAR, deriva de la formalización de la investigación penal requerida por la fiscalía el 27 de julio del 2023, dos días después de la detención de los seis acusados y el secuestro de 401 kilos de cocaína. Allí se estableció la participación de los todos los acusados en el transporte de la droga, “bombardeada” sobre el terreno de una finca ubicada en la localidad de El Quebrachal.

Según la información compartida por la Justicia, los condenados son Emanuel José Abdala, Juan Leopoldo Noria, Luis Ángel Adrián Palacios, Ricardo Martín Ruiz, Alfredo Esteban Medina y Facundo Sebastián Díaz, todo por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Rodríguez, quien aceptó ser "mula" para obtener 700 dólares, fue detenida en el intento y su caso se convirtió en noticia por la razón que la llevó a transportar la droga y las vicisitudes judiciales que terminaron con su absolución. Según un informe elaborado por Iago Vieyra y publicado en El Diario Argentino, el caso de Rodríguez forma parte de la investigación "Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina".

La investigación revela que la frontera entre Bolivia y Argentina, que se extiende por 742 kilómetros, es un punto crítico para el contrabando de drogas. Muchas mujeres, conocidas como "mulas" o "bagayeras", son detenidas cada semana por intentar ingresar pequeñas cantidades de cocaína, a menudo escondidas en sus cuerpos. El informe del Ministerio Público de la Defensa destaca que estas mujeres, que frecuentemente provienen de situaciones de vulnerabilidad extrema, son captadas por organizaciones criminales que les ofrecen sumas relativamente pequeñas en comparación con el costo que implicaría corromper a los encargados de los controles fronterizos.

Eduardo Villalba, titular de la Unidad Fiscal Federal de Salta, explica que las organizaciones criminales buscan a personas en situación desesperada, que casi nunca conocen a quienes las contratan. Por su parte, Matías Gutiérrez Perea, coordinador del Ministerio Público de la Defensa en Salta y Jujuy, señala que muchas de estas mujeres provienen de comunidades indígenas bolivianas y enfrentan una gran vulnerabilidad, siendo captadas y enviadas a través de la frontera.

El informe también destaca que la perspectiva de género está empezando a ser aplicada en los tribunales, algo que no se hacía con anterioridad. En el caso de Rodríguez, la defensa logró probar el estado de necesidad justificante, permitiendo su absolución. No obstante, las mujeres extranjeras que enfrentan cargos similares suelen enfrentar condiciones más duras debido a la falta de recursos y apoyo en el país, y a menudo enfrentan condenas menores a cambio de la expulsión anticipada, siempre y cuando se pueda argumentar la necesidad de reunirse con sus hijos.