De acuerdo con la investigación, acopiaban en Salvador Mazza el cereal proveniente de distintos puntos del país y desde allí lo acondicionaban en vehículos más pequeños con destino al vecino país. Los operativos incluyeron a la provincia de Santiago del Estero.

El juez federal de garantías de Orán, Gustavo Montoya, formalizó el 8 de febrero de este año la imputación formulada por la Sede Fiscal Descentralizada contra tres hombres acusados como coautores de los delitos de contrabando de exportación de mercaderías doblemente agravado por la cantidad de participantes y por el monto de la mercadería, asociación ilícita y lavado de activos; dictando prisión preventiva.

A los imputados Hugo Llanos y su hijo Cristian Gabriel, y Víctor Mario Sosa les secuestraron 419 toneladas de soja y trigo embolsadas, cinco vehículos, tres armas de fuego, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación de interés en los allanamientos realizados el 5 de febrero en Aguaray y Salvador Mazza (Salta) y en la provincia de Santiago del Estero por personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales; y del Escuadrón 52 Tartagal y de la Unidad de Reconocimiento “Mosconi” de Gendarmería.

Los operativos fueron pedidos por el fiscal federal subrogante de Tartagal, Marcos César Romero; con asistencia del auxiliar fiscal José Rafael Lamas. La Sede Descentralizada Tartagal pidió el 30 de enero efectuar seis allanamientos, continuando con la investigación que comenzó el 9 de agosto de 2022, por una denuncia formulada por la División Investigaciones Regionales 1 – Noroeste de la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Las escuchas telefónicas que realizaban sobre los principales imputados apuraron los allanamientos, ya que surgía que entre el 31 de enero y el 2 de febrero transportarían varias cargas de granos en distintos camiones de gran porte desde Sachayoj (provincia de Santiago del Estero) hacia Salvador Mazza (Salta), con destino específico los depósitos para el acopio que poseen los imputados. Se indicaba que luego serían transbordados en camiones de menor porte, debidamente acondicionados para el transporte de granos a cruzar la mercadería hacia el Estado Plurinacional de Bolivia.

La investigación

Aduana indicó que el imputado Hugo Llanos figura inscripto como importador/exportador desde enero de 2020 y que registraba consumos realizados en 2021 por casi 77 millones de pesos y a julio de 2022 por más casi 126 millones de pesos. Sin embargo, la DGA dijo que no existían liquidaciones primarias y/o secundarias ni cartas de porte emitidas y/o recibidas. “Al comparar las ventas totales declaradas con los importes acreditados en su cuenta bancaria entre el período 2021 y de enero a julio de 2022, en ambos casos las acreditaciones resultaron inferiores, siendo que el 94 por ciento y 88 por ciento de los ingresos se encontrarían al margen del circuito bancario”, se describió.

La DGA sospechaba que “Llanos sería parte integrante de una organización que simularía operaciones comerciales principalmente de granos en el mercado interno, de forma tal que, arribada la mercadería a la ciudad de Salvador Mazza, se deposita, acopia, en lugares o predios colindantes a la frontera, cuya estructura facilitaría la extracción ilegal de las mismas hacia el Estado Plurinacional de Bolivia por pasos no habilitados”. Se constató que poseía dos depósitos en Salvador Mazza, donde hallaron una gran cantidad de bolsas de granos, y establecieron que allí descargaban mercadería en camiones de gran porte, que luego era introducida a Bolivia por pasos clandestinos por la zona “El Chorro”.

El 14 de agosto de 2022, personal del Escuadrón 54 de Gendarmería Nacional detuvo un camión que viajaba de Chaco hasta Salvador Mazza (Salta) con 35 toneladas de soja destinada a Llanos con documentación asociada que presentaba irregularidades. Seis días antes, el 8 de agosto, la División Aduana Pocitos sorprendió a Llanos cuando ingresaba al país con 7.300 dólares estadounidenses y 770.000 pesos argentinos sin declarar.

Allí, la fiscalía pidió la intervención telefónica de Llanos, de donde surgieron los vínculos con Cristian Gabriel y con Víctor Mario Sosa, quienes -según la acusación- “se estructuran y organizan para facilitar el transporte y paso de soja y/o maíz al Estado Plurinacional de Bolivia”. Las intervenciones telefónicas reconstruyeron las maniobras y la localización de los depósitos donde se descargaban los camiones antes de cruzar la frontera.

Los choferes, bajo la coordinación de Sosa, eran contratados por Hugo Llanos y/o Cristian Gabriel Llanos, y se encargaban de llevar la mercadería desde los campos (en diversos puntos del país), muchas veces con diversas irregularidades en la documentación o directamente sin ella, y ofreciendo dádivas a las fuerzas policiales para hacer llegar la mercadería hacia Salvador Mazza. Allí era descargada en los depósitos de Llanos y embolsada para ser transportada en camiones más chicos. Lo logística de la organización incluía la custodia y la vigilancia de los camiones y el control de la cantidad de granos, que en la mayoría de los casos excedía el máximo permitido por camión. (Ministerio Público Fiscal de la Nación)