En el marco de la pesquisa sobre corrupción y tráfico de drogas en la Unidad Carcelaria 1, se reportaron amenazas y hostigamientos dirigidos a testigos y funcionarios del Servicio Penitenciario.

Los fiscales penales revocaron el arresto domiciliario de siete implicados y ordenaron su detención, alegando incumplimiento de las restricciones impuestas por el Juez de Garantías. Las intimidaciones incluyen amenazas a familiares y la advertencia de continuar el tráfico de estupefacientes.

Se alertó sobre la influencia de los imputados en testigos y se argumentó que el arresto domiciliario podría interferir en las declaraciones.

En aras de preservar la integridad de la investigación, se pidió prisión preventiva y se sugirió la implicación de más personas ligadas al personal del Servicio Penitenciario.