Hay una guerra declarada y miles de hectáreas en juego. Hace unos días, Reinaldo "Delfín" Castedo solicitó ante la Justicia que le restituyan sus 28.000 hectáreas que le fueron incautadas. Las mismas pasaron a estar a cargo de la UBA. En medio del escándalo, la Universidad denunció ante el Tribunal Criminal en lo Federal Número 2 de La Plata la tala ilegal y deforestación de dichos campos que eran utilizados por el "Patrón del norte" para el narcotráfico.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, decomisó esos campos bajo la figura de "recuperación de activos en casos de corrupción" y presunto "lavado de dinero" al presumirse que los bienes fueron adquiridos a través del lavado de activos.

En ese marco, la justicia decidió que las dos fincas narco, "El Aybal" y "El Pajeal", fuesen administradas por la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires (SAU). El apoderado de la SAU, Adolfo Reichemberg, fue quien hizo la presentación judicial el miércoles pasado. Allí se denuncia la instalación de campamentos con obreros para realizar la tala clandestina y el traslado de la madera en camiones. Se sospecha que detrás de esas maniobras se esconden intereses espurios para reactivar los "cruces fronterizos secos".

"Por encima de Delfín Castedo hay intereses más poderosos de este lado y del otro de la frontera. Orán es la Sinaloa Argentina, está tomada por el narcotráfico. La gente vive con miedo. Allí está enquistada una verdadera mafia, un entramado corrupto entre lo público y lo privado", expresó el funcionario judicial que investigó a la organización narco criminal.

Las 28.000 hectáreas que la familia Casteo intenta recuperar son consideradas como de "oro" por los narcotraficantes, no por su valor comercial, sino por la ubicación estratégica: la selva que cubre ese suelo y la escasa accesibilidad al lugar hace prácticamente invisible los pasos clandestinos que en su momento abrió Delfín Castedo y que dividían a los dos países con una tranquera que unían de manera directa Argentina con Bolivia. 

Diez denuncias y ninguna solución

Este es el marco que encuadra la denuncia de la UBA y la insistencia de los abogados del "Patrón del Norte" por recuperar las "tierras fronterizas de oro".

La del 15 de junio pasado no es la primera vez que la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires le exige a las autoridades salteñas, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Alejandro Aldazábal, dar "real contención a las actividades de tala ilegal en las fincas", realizar las investigaciones correspondientes, solicitar que Gendarmería patrulle los predios y hasta desmontar una franja selvática lindante con Bolivia para exponer el cruce clandestino de los traficantes.

Según el expediente judicial, lejos de eso, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta sancionó a la UBA cada vez que sus autoridades expusieron la tala ilegal y recabaron pruebas, como las fotos que publicó INFOBAE. La UBA ya realizó diez descargos sobre lo que ocurre dentro de las fincas narco, pero los funcionarios salteños terminaron denunciándolos a ellos.

Delfín Castedo y su hermano Raúl no solo son juzgados por dos tribunales orales federales -uno en Salta y otro en la provincia de Buenos Aires- por los presuntos delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos producto del narcotráfico. La justicia penal salteña también los investiga por ser los presuntos autores intelectuales del cruel asesinato de Liliana Ledesma, una vendedora de huevos en Salvador Mazza quién el 18 de septiembre de 2006 aseguró que Reinaldo Delfín y Raúl Castedo, junto al entonces diputado -ahora fallecido- José Ernesto Aparicio, habían "cerrado un camino vecinal que unía Salvador Mazza con Bolivia para utilizarlo para traficar drogas".