En los últimos días asistimos a un debate público y parlamentario focalizado en una de las instituciones más democráticas con la que contamos los cordobeses: el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Como es sabido, el pasado miércoles, la Legislatura de Córdoba aprobó la ley N° 10.930 donde se estableció un conjunto de reglas de funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia, conforme al artículo 127 de la Constitución provincial.

A raíz de esta iniciativa, se dieron cita diversos debates que nos enriquecen como ciudadanos y contribuyen a pensar y repensar en el devenir de las instituciones que tenemos los cordobeses en su funcionamiento y en los cambios que exigen los nuevos paradigmas. Con sus 100 años de historia, el Tribunal de Cuentas de Córdoba ha asumido como desafío la actualización y modernización integral del organismo.

Mejorar los procedimientos en diálogo con las nuevas herramientas tecnológicas ha sido el horizonte que la Legislatura de Córdoba buscó atender mediante la normativa aprobada. El proyecto referido surgió de la necesidad de adaptar una legislación de la década del ‘80 al avance de las tecnologías de la información y de las comunicaciones del siglo XXI, bajo un modelo de simplificación y modernización de la administración pública.

Además, considero importante destacar que el proyecto se planteó como un ajuste normativo de los protocolos de actuación que ya se vienen llevando a cabo desde hace más de dos años bajo la resolución 180 del año 2021. De esta manera, remarco que la ley viene a aportar mayor seguridad jurídica a los procedimientos que el Tribunal de Cuentas ya realiza sobre los tres poderes del Estado.

Como presidente del bloque impulsor del proyecto, me interesa subrayar que las modificaciones introducidas no sólo pretenden modernizar sino también eficientizar las prácticas de este organismo. Los cordobeses debemos saber que el Tribunal de Cuentas provincial es uno de los pocos que a nivel nacional cuenta con el sistema de control preventivo y posterior de los gastos en las contrataciones del Estado y uno de los tribunales que con mayor nivel de calidad institucional.

De ahí que la agilización del sistema de control sea otro de los aspectos incorporados, para que los visados preventivos se emplacen en un tiempo prudencial y no “queden dormidos” los expedientes. Considero que el Estado y sus instituciones se van transformando conforme a la democracia del siglo XXI en que la ciudadanía espera respuestas efectivas que vayan a su ritmo.

Ante este desafío, nuestro deber como legisladores es buscar soluciones superadoras. Presidente del Bloque de Hacemos por Córdoba