Las protestas se habían iniciado el lunes 5 de junio con una multitudinaria manifestación en San Salvador, la capital, inicialmente movilizada por los docentes de la provincia que exigían mejoras de salarios de pobreza. En ese entonces el reclamo era estrictamente sectorial, y si bien el mismo se replicó en otros sectores de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales lo desestimó por considerarlo un rifirrafe, término que los españoles emplean para contiendas de poca monta. Sin embargo, a los pocos días el barullo callejero se empalmó con una polémica convención constituyente que modificó de apuro la carta magna jujeña con la presurosa alianza entre la UCR y el PJ local. Y las desprolijidades de las asambleas celebradas para estos efectos fueron motivo suficiente para alentar a otros sectores de la sociedad jujeña a salir a las calles. Morales exigió a los docentes volver a sus puestos de trabajo y amenazó con criminalizar las protestas cada vez más abundantes, logrando  —por el contrario—  aumentar un fastidio para ese entonces masivo.

Pero lo peor llegó el sábado, cuando la contienda se trasladó a las rutas principales de Jujuy, especialmente la 9 que une a San Salvador con la Quebrada de Humahuaca y los pasos fronterizos hacia Bolivia (vía La Quiaca) y Chile (por medio de la ruta 52 hacia el Paso de Jama). Allí, el nervio central lo protagonizaron comunidades indígenas que se manifestaron perjudicadas por una reforma constitucional sobre la que, aseguran, no fueron consultadas, a pesar de que el gobierno provincial indique lo contrario. La discusión en este aspecto pasa por la explotación de los recursos naturales en detrimento del medioambiente alrededor de las tierras de esas comunidades, acelerada además por el deseo voraz de la extracción de litio, un asunto de particular interés económico pero con escasa difusión al respecto de su extracción y monetización. Los cortes comenzaron siendo parciales, permitiendo cada media hora el flujo de tránsito en ambos sentidos de cada ruta.

Según distintas fuentes, las fuerzas represivas de Jujuy decidieron avanzar con mucha crudeza desde un primer momento y estoy generó la respuesta de distintas comunidades que decidieron plegarse a las zonas de conflicto en solidaridad con los manifestantes atacados. Las imágenes que circularon por todo el país fueron harto explícitas y elocuentes: allí se ve como uniformados avanzaron en multitudinarias formaciones contra mujeres, ancianos y niños a punta de garrote, tirando gases y disparando municiones a la cara, tal como muestran decenas de fotos escalofriantes. También se observa la manera salvaje en la que muchos manifestantes fueron detenidos a la rastra y con una violencia estatal poco vista en la provincia desde la vuelta de la democracia.

Las versiones sobre las consecuencias de esta avanzada son delicadas y se aguardan confirmaciones oficiales. Mientras tanto alrededor de cuarenta personas permanecen detenidas, la mayoría de ellas en el penal de Alto Comedero, en las afueras de San Salvador. Todo el material circuló gracias a la difusión personal entre los manifestantes y conocidos de ellos fuera de la zona de conflicto. Los primeros aseguran que, cuando las fotos y videos se estaban vitalizando, el gobierno colocó inhibidores de celulares para que los dispositivos no tuvieran conectividad en las rutas donde se producían la represión. Pero ya había sido tarde. A medida que avanzaron las horas y el hecho tomó un escandaloso alcance nacional, el gobierno jujeño no tuvo más opción que dar la cara y salir a ofrecer su versión.

No lo hizo el gobernador radical Gerardo Morales, más preocupado por su alianza electoral con Horacio Rodríguez Larreta, quien en ese momento también tenía su propio conflicto por el violento desalojo que ordenó en la Casa Pringles, ocupada por víctimas de violencia de género en el barrio porteño de Almagro. Tampoco su vice Carlos Haquim, y ni siquiera su tocayo Carlos Sadir, ministerio de Hacienda que asumirá en diciembre como primer mandatario en reemplazo de Morales. Los que tomaron la voz en nombre del gobierno de Morales fueron dos caras conocidas de su entorno: los exdiputados por la UCR-Juntos y recientes constituyentes Gabriela Burgos y Alejandro Nieva. Éste último es también Auditor General de la Nación y tomó relevancia nacional dos semanas atrás tras agredir verbalmente a su colega Natalia Morales en la asamblea por la modificación de la carta magna jujeña.

En una de esas reuniones, Morales (que nada tiene que ver con el gobernador; fue legisladora provincial del Frente de Izquierda y volverá a serlo en diciembre) le preguntó si es cierto que su gobierna planeaba incluir en la reforma la criminalización de la protesta, tal como, aseguran, se esbozó en algunos borradores que circularon, con el consabido temor de que esas imputaciones recayeran sobre los docentes que en ese momento ya habían iniciado sus movilizaciones. “Es muy inteligente su pregunta, la vamos a debatir en otro momento”, ironizó Nieva, evitando la respuesta. Ante la insistencia de la legisladora del FIT-U, el abogado al servicio del gobernador la calló con un grito violento tras asegurar que “este gobierno no está en contra del derecho a la protesta”.

Curiosamente, el sábado Natalia Morales fue detenida en el foco de conflicto de la entrada de Purmamarca de manera brutal: un video muestra como fue arrastrada de los pelos por la tierra por dos efectivos policiales. En la conferencia de prensa en cuestión, Gabriela Burgos (presidenta de la convención constituyente) habló de “paz” y “calma”, aunque su gesto entre tenso y enojado ofrecía el semblante exactamente opuesto. También habló destacó que “no nos olvidemos de somos la Capital Nacional de la Pachamama”, algo que efectivamente determinó el Congreso de la Nación en 2013 para la provincia en cada 1º de agosto. Sin embargo, un fallido la traición en su discurso al decir: “Somos la única provincia del país que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, no tanto los derechos sobre sus tierras comunitarias…”. Antes de ella, Nieva sostuvo que existe “una campaña de desinformación respecto al alcance de lo que hemos hecho con la reforma constitucional, especialmente a partir de la incursión de grupos de Izquierda, como el FIT, y sectores kirchneristas que han inundado la provincia de noticias falsas”.

Y se despachó con una teoría extraña sobre los manifestantes: “Hay un turismo piquetero, como se ha se señalado, porque no son jujeños, no son naturales ni viven en la provincia”. Además acusó al gobierno nacional de estar haciendo “un terrorismo verdadero contra el sistema constitucional de la provincia de Jujuy, contra el sistema de convivencia y contra el sistema democrático”. La conferencia duró veinte minutos, fue con una asistencia de medios minúscula y ni siquiera se les permitió a los mismos hacer preguntas, lo cual poco contribuye a la idea de “diálogo” que Burgos y Nieva intentaban instalar en sus alocuciones. Mientras tanto, avanzado el domingo siguen las manifestaciones en distintas trazas de las rutas de Jujuy a la altura de Perico (donde está el aeropuerto), el barrio Alto Comedero, el acceso sur de San Salvador, las localidades quebradas de Volcán, Tumbaya, Tilcara y Uquía, también en Uquía y La Quiaca (las dos poblaciones más importantes de la Puna) y en Libertador General San Martín, el principal nodo urbano del oeste de la provincia.

El conflicto, lejos de aminorarse por las amenazas verbales de Gerardo Morales y los ataques policiales, parece seguir su rumbo creciente con nuevos llamados a paros y movilizaciones en todos los rincones de una provincia que se manifiesta en repudio como hace tiempo no se observaba.