Por otro lado, Ricardo Coronel, también ex funcionario del PAMI, fue absuelto por el beneficio de la duda. En el caso de Palacios y Villagrán Di Pietro, el Tribunal informó que darán a conocer sus sentencias el próximo miércoles 31 de junio.

Según pudo averiguar Nuevo Diario, la fiscalía a cargo del doctor Ricardo Toranzos pidió la pena de inhabilitación perpetua para ser empleado público, una multa de $ 1.660.000 y la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Mismo pedido es para el caso del empresario Di Pietro, salvo por la pena de inhabilitación. La multa equivale al doble del monto de las licitaciones que se señalan fueron direccionadas por los funcionarios a favor de los empresarios. Este medio pudo corroborar que la defensa de los imputados pelea por hacer caer los pedidos de la fiscalía y lograr una condena menor en todos los puntos.

Palacios y Coronel formaron parte de la gestión de Verónica Molina al frente del PAMI Salta, y todos comparten pertenencia política al ser parte de La Cámpora a nivel provincial.

La escandalosa causa

Ante la denuncia de un anónimo y la investigación, Toranzos procedió al secuestro de documentación y la intervención de los teléfonos de los acusados. La Fiscalía mantuvo la hipótesis que tanto Palacios como Coronel eran los encargados de preparar la documentación mediante la cual se tercerizaban ciertos servicios del organismo nacional.

Por cada contratación -explicó Toranzos- se presentaban tres presupuestos y se optaba por la mejor oferta. Los servicios eran requeridos para actividades que el PAMI llevaba adelante. Se verificó la existencia de las empresas que concursaban en las contrataciones que presentaban irregularidades y se llegó a la conclusión que siempre eran los mismos oferentes y que la tasación más baja era la presentada por la empresa de Villagrán Di Prieto.

El fiscal sostuvo también que se pudo comprobar que las presentaciones de las otras empresas eran falsas, ya que sus propietarios negaron haber participado de esas licitaciones. Dijo que además se constató que los domicilios comerciales presentados tampoco existían, entre otras anormalidades.

En las comunicaciones telefónicas que se peritaron los imputados dijeron que "después de esas cosas hay cometa" y
que "van a quedar como diez lucas de cometa para cada uno".