Denunciaron penalmente al "Señor del Tabaco": varios diputados involucrados

Pablo Marcelo Otero, empresario de Tabacalera Sarandí, y varios funcionarios públicos quedaron envueltos en el ojo de la tormenta.

Representantes de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras han presentado una denuncia penal ante el Juzgado Criminal y Correccional de Buenos Aires contra Pablo Marcelo Otero, empresario de Tabacalera Sarandí, así como contra varios funcionarios públicos y otras personas involucradas, por presuntos delitos de cohecho agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público, evasión, lavado de activos y otros delitos que puedan surgir de la investigación.

La base de la denuncia se centra en una supuesta maniobra ilícita destinada a obstaculizar la modificación de la Ley del Impuesto Interno contenida en la Ley Bases. Se menciona un correo electrónico como prueba, en el que se alega que el diputado Carlos Castañeto habría recibido 4 millones de dólares de Pablo Otero para distribuir entre algunos miembros de su bloque y dos diputados del PRO. Además, se detalla cómo se habrían realizado los pagos y se adjuntan detalles sobre cuentas bancarias en el extranjero utilizadas en la presunta operación.

La denuncia también señala que Pablo Otero tendría una suma superior a los 300 millones de dólares sin declarar en el extranjero en Brasil y Estados Unidos, así como operaciones con empresas offshore que podrían estar vinculadas a lavado de activos.

Por otro lado, se mencionan propiedades adquiridas en Estados Unidos por personas vinculadas directamente a Otero, lo que podría indicar presuntos actos de testaferrismo.

La denuncia también cita comentarios del Presidente de la Nación, Javier Milei, en los que se refiere a Pablo Marcelo Otero como el "Señor del Tabaco" y menciona su negativa a ser cómplice de los intereses especiales relacionados con la industria del tabaco.

Es importante destacar que esta denuncia surge en el contexto de la no aprobación de una reforma fiscal que beneficiaría a Tabacalera Sarandí, lo que ha generado controversia y debate público sobre presuntas influencias indebidas en el ámbito legislativo.