El envío a la Comisión Europea del Plan Presupuestario de las administraciones públicas antes del 15 de octubre constituye una obligación para todos los países de la Unión Europea. Este documento debe incluir las principales magnitudes de las cuentas del año siguiente de todas las administraciones (Estado, autonomías y corporaciones locales): cuadro macroeconómico; previsiones de ingresos, gastos y déficit; impacto de nuevas medidas, etcétera. Sin embargo, la actual situación política, con un Gobierno en funciones pendiente de un próximo debate de investidura, ha limitado en esta ocasión el alcance del documento. "El Plan contempla un escenario fiscal inercial, es decir, no se incluyen posibles medidas y prórrogas de política económica y presupuestaria que pudieran aprobarse para 2024 tras la constitución del nuevo Gobierno", aclara el Ejecutivo en su nota informativa.
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