Un informe que dejó al descubierto falencias administrativas y financieras durante la gestión municipal de la intendenta Rita Guevara.

Según trascendió, el organismo de control fiscalizador respaldó los planteos que los ediles locales venían realizando desde el periodo en que se ejecutó el tradicional festival, señalando objeciones severas sobre la legalidad de los procedimientos administrativos, la omisión de registros contables y el destino de los fondos públicos recaudados durante el evento cultural más convocante de los Valles Calchaquíes.

Tras conocerse los resultados de las cuentas, el cuerpo deliberativo evalúa avanzar en la judicialización de las actuaciones y coordinar acciones conjuntas con legisladores provinciales para aportar elementos a la denuncia penal que ya se tramita en los estrados judiciales. Al respecto, el concejal Gastón Cecconi remarcó en declaraciones radiales que "hubo destrato del Ejecutivo comunal al Concejo Deliberante, decían que no hicimos nada, pero hoy en día se ve el resultado del trabajo arduo".

Entre las principales observaciones de la auditoría se constató la contratación directa del servicio de venta de entradas por un monto de $15.309.800, una operatoria que superó el límite legal de $5.214.400 establecido para esa modalidad y que omitió la intervención obligatoria del cuerpo deliberativo, infringiendo las disposiciones de la Ley Provincial de Contrataciones.

Asimismo, el informe detectó erogaciones por $40.816.555,80 que carecían de facturas o comprobantes válidos autorizados por la AFIP, sumado a diferencias en las remuneraciones abonadas a artistas que excedieron los montos contractuales por $5.225.462,70 y al pago de horas extraordinarias a empleados municipales mediante planillas manuales sin respaldos formales.

Finalmente, el relevamiento cuestionó la presentación de los ingresos generales del festival al registrarse la omisión de $9.500.000 en concepto de patrocinios y la inclusión de un anticipo de coparticipación de 100 millones de pesos como recurso propio de la Serenata, determinándose tras las correcciones un superávit real de $47.676.233,54, ante lo cual Cecconi concluyó a Nuevo Diario que "nosotros no somos jueces, pero sí lo determinará la Justicia si hubo o no delito, ya que hay pruebas suficientes y la auditoría ya marcó los errores administrativos y contables".