Ahora se conoció otro caso, el cual comenzó a investigarse a partir de un hecho registrado en octubre de 2022, cuando personal de la Policía de Salta acudió a un domicilio de la localidad de General Güemes tras recibir una denuncia sobre la realización de una presunta fiesta clandestina.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales le exigieron a la responsable del evento la documentación habilitante correspondiente, momento en el cual la mujer entregó un recibo de cobro emitido por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores firmado por uno de los acusados, quien se desempeñaba como efectivo policial.

A raíz de esta situación, los investigadores constataron que el comprobante entregado no era oficial y que el policía involucrado guardaba en su domicilio un talonario completo con esos recibos apócrifos mediante los cuales efectuaba los cobros irregulares.

La maniobra delictiva contaba además con la participación de un segundo sujeto de 49 años, quien se desempeñaba como el representante oficial encargado de realizar dicha tarea para la entidad damnificada, colaborando con el ardid y omitiendo la rendición de los fondos percibidos.

Tras el avance de las actuaciones judiciales, el juez Aldo Saravia hizo lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba presentado para los dos imputados de 49 y 50 años, imponiéndoles reglas de conducta, el pago de una compensación económica de $100.000 a la entidad damnificada y la donación de insumos médicos y de librería al hospital y a la comisaría de General Güemes.