El Gobierno nacional ratificó que no pondrá en marcha programas de asistencia directa para las familias con deudas impagas, pese a que la morosidad bancaria se mantiene en niveles récord y afecta a cerca de seis millones de personas que quedaron excluidas del acceso al crédito.

La posición oficial fue expuesta en los últimos días por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, quienes coincidieron en que la solución debe surgir de acuerdos entre entidades financieras y deudores, sin utilización de recursos públicos.

Según datos del Banco Central analizados por la consultora 1816, la mora en los préstamos a familias registró en junio una leve baja de 12,8% a 12,7%, la primera reducción después de 19 meses consecutivos de aumento. Sin embargo, el indicador continúa en niveles históricamente altos y refleja el deterioro de la capacidad de pago de los hogares.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que la situación muestra señales de estabilización y que el sistema financiero ya comenzó a ofrecer mecanismos de refinanciación. De acuerdo con estimaciones oficiales, los bancos están proponiendo planes con tasas anuales de entre 20% y 25% y plazos de hasta tres años para regularizar deudas.

La administración nacional considera que una intervención estatal implicaría destinar recursos públicos para resolver compromisos asumidos entre privados. Bajo ese criterio, descarta establecer subsidios, compensaciones o programas especiales para los deudores.

El rol de los bancos
En los últimos días funcionarios nacionales mantuvieron reuniones con representantes del sistema financiero para monitorear la evolución de la mora y evaluar el impacto de los planes de refinanciación.

El Banco Nación aparece como la entidad con mayor participación en este proceso. Según datos oficiales, hasta julio había concretado más de 62.000 refinanciaciones por un monto superior a los 310.000 millones de pesos.

En el caso de los bancos privados, la estrategia es diferente. Las entidades optan por analizar cada situación de manera individual, evitando programas masivos y ajustando las condiciones de refinanciación al perfil de cada cliente.

Por qué la mora tarda en bajar
Desde el Banco Central explican que existe un desfase entre la mejora efectiva en la situación de los deudores y su reflejo en las estadísticas oficiales.

El sistema de calificación crediticia utiliza una escala que va de la categoría 1 (cliente al día) a la categoría 5 (deuda considerada incobrable). Aun cuando una persona regulariza su situación, el proceso de mejora en su historial financiero puede extenderse durante varios meses.

Según explicó Bausili, un deudor que refinancia una obligación puede tardar hasta nueve meses en volver a la categoría de menor riesgo, por lo que la reducción de los índices oficiales suele observarse con retraso.

Seis millones de personas fuera del crédito
Los informes del sector financiero muestran que alrededor de seis millones de personas quedaron fuera del mercado crediticio por registrar deudas impagas. Además, más de una cuarta parte de quienes habían accedido a préstamos en los últimos años perdió su condición de sujeto de crédito.

A pesar de la leve mejora observada en junio, los especialistas advierten que el escenario sigue siendo delicado. La consultora 1816 señaló que la irregularidad en los préstamos a familias aumentó en 18 de las 30 principales entidades financieras del país y que la morosidad en créditos otorgados por entidades no financieras alcanza el 33%.

El Gobierno considera que la recuperación del crédito y la continuidad de los planes de refinanciación permitirán consolidar una reducción gradual de la mora durante los próximos meses, aunque descarta por ahora cualquier esquema de asistencia estatal para los hogares endeudados.