El funcionario sostuvo además que la preocupación no solo pasa por el impacto económico del contrabando, sino también por el riesgo asociado al narcotráfico y al ingreso de sustancias prohibidas.

Aguas Blancas se encuentra frente a la ciudad boliviana de Bermejo, separada apenas por el río que divide ambos países. Según Zigarán, diariamente atraviesa esa frontera una importante cantidad de productos ingresados de manera ilegal.

“El Estado nacional debe arbitrar los medios para controlar este desenfrenado ingreso de mercaderías ilegales que tanto daño provoca a la industria local, pero sobre todo debe poner el foco en el ingreso de sustancias prohibidas”, afirmó.

El funcionario también puso el foco sobre el narcotráfico y trazó un panorama preocupante respecto del volumen de cocaína que podría atravesar la región. Recordó que Bolivia mantiene una importante producción de estupefacientes y cuestionó la diferencia entre lo producido y las cantidades incautadas.

“Estamos al lado de un país que fabrica unas 400 toneladas de cocaína anuales y, si la ministra de Seguridad reconoció que el año pasado se secuestraron apenas siete toneladas, existe una enorme cantidad que logró pasar por los puertos argentinos sin ser detectada”, señaló.

Respecto de la situación política y social que atraviesa Bolivia, Zigarán indicó que hasta el momento el único efecto visible en la frontera fue el aumento en el precio de la hoja de coca. Aclaró, sin embargo, que no hubo modificaciones significativas en otros productos que ingresan de manera irregular, como electrodomésticos y artículos diversos.

Según explicó, el circuito de contrabando no tiene impacto únicamente en la región fronteriza, sino que abastece mercados informales de distintas provincias argentinas.

“Esa mercadería abastece prácticamente a todo el país y termina llegando a ferias como La Salada y a numerosos centros de venta informal”, sostuvo.

Como ejemplo del volumen de la actividad, el interventor recordó el reciente procedimiento realizado en Santa Fe, donde fue interceptado un camión con acoplado proveniente de Aguas Blancas que trasladaba mercadería valuada en alrededor de 1.500 millones de pesos, principalmente indumentaria de invierno.

Sin embargo, consideró que ese operativo representa solo una pequeña porción del movimiento diario que atraviesa la frontera.

“El procedimiento fue correcto, pero no puedo dejar de señalar que vehículos de esas características salen desde Aguas Blancas dos veces por día. Por eso calculo que únicamente por este paso internacional ingresan productos de contrabando por unos tres mil millones de pesos diarios”, manifestó.

Zigarán también repasó las acciones impulsadas desde el inicio de su intervención municipal y recordó que al asumir encontró operativos activos de ingreso ilegal de mercadería, entre ellos el funcionamiento de “Finca Karina”, un paso clandestino utilizado del lado argentino, además de los conocidos “gomones” operados por ciudadanos bolivianos.

“Hace unos ocho meses la fiscalía ordenó procedimientos y hoy Finca Karina dejó de funcionar y los gomones desaparecieron. Ahora quienes participaban de ese esquema buscan instalarse dentro de Aguas Blancas y yo no estoy de acuerdo porque cualquier actividad comercial debe beneficiar primero a nuestra comunidad o, al menos, a localidades argentinas”, indicó.

El funcionario sostuvo además que la magnitud del contrabando modificó incluso la dinámica de los controles y señaló que la mayoría de las incautaciones ya no se producen en territorio salteño.

“No hay semana en que no aparezcan procedimientos en Tucumán, Santiago del Estero o el Litoral con mercadería proveniente de Aguas Blancas. Ya casi no hay secuestros en Salta y eso demuestra que nos coparon el territorio provincial”, aseguró.

Pese a sus cuestionamientos, Zigarán reconoció que una parte importante de la economía local depende de esa actividad informal.

“La gente de Aguas Blancas vive de trasladar la mercadería hasta los camiones de carga, pero los excesos y el volumen que alcanzó este negocio generan una enorme preocupación”, expresó.

Otro de los puntos señalados por el interventor estuvo vinculado al destino de los productos secuestrados por las fuerzas federales, particularmente los neumáticos decomisados.

“Cada quince días salen camiones cargados con neumáticos y otras mercaderías rumbo a Altos Hornos Zapla, en Jujuy, donde son destruidos. No entiendo por qué no se buscan mecanismos para reutilizar al menos parte de esos elementos en ambulancias, patrulleros, autobombas o vehículos municipales”, cuestionó.

Según planteó, esos bienes podrían cubrir necesidades concretas de organismos públicos y entidades de servicio.

“Todos sabemos cuánto gastan las provincias en neumáticos y mantenimiento vehicular. Destruir todo sin analizar una utilidad parece un sinsentido”, agregó.

También criticó el mecanismo utilizado para distribuir otras mercaderías decomisadas que quedan bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia y propuso que los productos puedan llegar a sectores vulnerables.

“Con las necesidades que atraviesan miles de familias salteñas, sería importante que ropa, zapatillas y abrigo llegaran a quienes más lo necesitan, especialmente en comunidades vulnerables del Chaco salteño o zonas afectadas por inundaciones”, afirmó.

Al cierre, Zigarán sintetizó su visión sobre la problemática y apuntó a una falta de coordinación en las políticas vinculadas al control fronterizo. “Todo esto forma parte de un enorme desorden en las políticas nacionales relacionadas con el manejo de los pasos internacionales”, concluyó.