En medio de las repercusiones, en las últimas horas hubo novedades procesales pues, según informa Fiscales Penales, tuvo lugar la imputación formal de la acusada por el delito de administración fraudulenta, en una audiencia ante la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, en la que la mujer se abstuvo de declarar y manifestó que presentará su descargo por escrito próximamente.

La fiscalía solicitó que la sospechosa permanezca detenida mientras avanza la recolección de pruebas y el análisis de los elementos secuestrados en los allanamientos, en el marco de esta causa de fraude que salió a la luz cuando una supervisora detectó recibos por prestaciones no rendidas y cargas irregulares en el sistema oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Del entrecruzamiento de datos surgió una diferencia alarmante de 3.477 certificados de aptitud que no tenían ningún respaldo en atenciones reales dentro de la institución. Los investigadores confirmaron que la empleada siguió operando incluso después de renunciar, registrándose nuevas cargas fraudulentas desde otros usuarios apenas diez días después de su salida.

La pericia contable del Cuerpo de Investigaciones Fiscales detectó una desproporción inmensa entre el sueldo declarado por la mujer y los movimientos de sus cuentas bancarias. También se identificó un flujo constante de transferencias de dinero provenientes de terceros que coinciden exactamente con los beneficiarios de los aptos médicos "truchos".