El gobierno nacional buscaría una nueva Ley de Financiamiento Universitario
Tras la sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el Gobierno apunta a que en la primera semana de marzo, ya en el período de sesiones ordinarias, se apruebe la nueva ley de financiamiento universitario.
El proyecto ingresó a la Cámara baja el jueves pasado y propone reformular la ley 27.795, que había sido ratificada por insistencia opositora. La iniciativa contempla un esquema de actualización por inflación para los gastos de funcionamiento, una recomposición salarial en tramos para docentes y no docentes y un refuerzo presupuestario para hospitales universitarios.
El texto fue elaborado en despachos de Balcarce 50 y en su redacción intervinieron la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que conduce Alejandro Álvarez.
Álvarez, referente de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo, estuvo en la Casa Rosada un día antes de la presentación del proyecto en el Congreso. Se trata de un dirigente cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.
El artículo 3 del proyecto, que sustituye el artículo 3 de la ley 27.795, establece que la actualización de los gastos de funcionamiento se ajustará a la inflación observada según el IPC del INDEC cuando supere el 14,3 por ciento, valor promedio anual utilizado para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto 2026.
De esta manera, si la inflación efectiva supera ese porcentaje, el crédito destinado a las actividades de Funcionamiento, Hospitales Universitarios y Ciencia y Técnica en Universidades del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.
El artículo 4 dispone un refuerzo específico para el sistema de salud universitario por $80.072.460.000, destinado a la actividad Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios, con el fin de sostener el funcionamiento del sistema.
En materia salarial, el artículo 5 fija una recomposición correspondiente a 2025 que será abonada en 2026 para el personal docente y no docente. La propuesta contempla tres incrementos del 4,1% cada uno, en marzo, julio y septiembre, calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, lo que representa una suba total del 12,3%.
Además, el proyecto ordena al Poder Ejecutivo convocar a paritarias obligatorias dentro del mes de sancionada la ley, con una periodicidad no mayor a tres meses, e indica que la convocatoria deberá incluir tanto al personal docente como al no docente.
