El secretario de Gestión Educativa de Salta explicó a El Tribuno cómo se distribuirán los fondos para refaccionar escuelas, advirtió sobre el impacto de los recortes nacionales en la educación técnica, anticipó un escenario complejo para la paritaria docente 2026 y dio detalles de la investigación por postítulos truchos, que ya involucra a cientos de docentes y podría derivar en cesantías.

¿Para qué van a alcanzar los $12 mil millones destinados a la puesta a punto de las escuelas?

Estamos trabajando en muchas cuestiones vinculadas a la planificación y, a la vez, en articulación con otros ministerios en lo que tiene que ver con la puesta a punto de las escuelas. Es una inversión muy grande la que hace la Provincia. Hay que pensar que el sistema educativo de Salta tiene alrededor de 1.500 establecimientos, por lo que siempre va a parecer que la sábana queda corta: hay muchas obras para hacer. Pero creo que es importante destacar el esfuerzo que hace la Provincia en un momento en el cual la inversión en infraestructura escolar a nivel nacional se ha reducido de una manera brutal.

En el Presupuesto nacional aprobado hay recortes en educación técnica...

A mí me tocó participar, semanas antes de la discusión del presupuesto, en dos encuentros organizados por Nación: uno sobre economía del conocimiento y otro sobre educación agrotécnica. Fue unánime el planteo de los ministros y secretarios respecto al recorte del presupuesto de la educación técnica. Defendemos la educación técnica porque cumple una función vital en la movilidad social, sobre todo en las provincias. En un contexto donde el modelo tradicional de formación universitaria está en discusión, la educación técnica vuelve a emerger como una alternativa que se adapta más rápido a las demandas del mercado y al impacto de las nuevas tecnologías en los oficios. No compite con la universidad, la complementa. Pero la educación técnica tiene costos: inversión en equipamiento, mantenimiento de talleres y tecnología. Todo eso está garantizado por ley, por eso es grave el recorte que está recibiendo el INET. Nosotros lo hemos planteado claramente. A veces escuchamos propuestas interesantes desde Nación, con quienes tenemos buen diálogo, pero también hay una paradoja: no se pueden promover políticas educativas sin presupuesto ni inversión. Mover el sistema educativo es como mover un elefante.

En este contexto, ¿la Provincia tendrá que auxiliar a las escuelas técnicas?

Es una de las posibilidades que vamos a tener que considerar, en un contexto donde el margen es muy reducido. Educación es un ministerio que mayormente paga sueldos: la mayor parte del presupuesto se destina a salarios. Otra parte va a comedores escolares y al mantenimiento básico de infraestructura. Lo disponible, descontando todo eso, es apenas el 0,82% del presupuesto total.

No llega ni a un punto los disponible...

Exacto. Esa es la realidad. Educación tiene un impacto enorme en el presupuesto provincial. Es el sector con mayor cantidad de empleados.

Nación dejó de pagar el incentivo docente, la Provincia se hizo cargo durante 2025, pero era hasta diciembre. En febrero, cuando arranque la paritaria, los docentes van a preguntar qué pasa con ese incentivo. ¿Qué respuesta habrá?

Ese tema va a estar en la mesa paritaria. El gobernador fue muy responsable cuando Nación interrumpió el Fondo de Incentivo Docente: la Provincia decidió cubrirlo sin utilizarlo políticamente ni como moneda de negociación. Fue una erogación muy grande, pero se hizo con coherencia y responsabilidad. Ahora habrá que discutir cómo se incorpora en una conversación responsable con los gremios.

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, dijo que 2026 será un año duro. Los docentes van a plantear que el aumento del año pasado fue del 23% y la inflación rondará el 30%. ¿Se espera una discusión fuerte?

Es una conversación que hay que dar. La inflación tuvo repuntes que nadie esperaba y eso genera tensiones en la recomposición salarial. Aun así, los docentes salteños quedaron mejor posicionados que la mayoría de las paritarias a nivel nacional. Hay que pensar soluciones responsables que la Provincia pueda sostener, en un contexto económico complejo donde el despegue que todos esperamos todavía no llega.

Hace un mes se conoció una denuncia en Fiscalía por postítulos truchos. ¿En qué quedó esa investigación y cuántos casos hay?

Fue uno de los objetivos que planteé al asumir: profundizar la transparencia en el acceso a la carrera docente. Cuando aparecieron los primeros cuatro o cinco casos, que compartían características similares, ordenamos una investigación a fondo. El resultado nos dejó preocupados. Estamos hablando de un número de tres cifras, un número grande.

Pero puede llegar a cuatro cifras la cantidad de casos de postítulos truchos...

Va camino a eso. Todavía no tenemos el resultado final. Hicimos la denuncia con un primer corte de la investigación. El viernes cerramos un segundo corte, que prácticamente duplicó los casos iniciales, vinculados a inscripciones presenciales en las escuelas. Este fin de semana trabajaron los equipos de Junta Calificadora, Educación Privada y la Dirección de Títulos, cotejando información. Entre hoy y mañana terminamos el relevamiento de las inscripciones virtuales. Con eso vamos a ampliar la denuncia. Entregamos alrededor de seis mil fojas a la Fiscalía, con legajos y documentación, además de información aportada voluntariamente por docentes que sirve para la investigación.

¿Cómo operaban? ¿Los docentes se inscribían en una institución y recibían el certificado?

Según la información que tenemos hoy, no había una institución como tal, sino una organización ilícita que fraguaba certificados haciéndolos pasar por títulos emitidos por determinadas instituciones. Los docentes compraban esos certificados.

¿Eran conscientes de que compraban postítulos truchos para sumar puntaje?

Sí. Incluso hay docentes que lo admitieron. No existía una instancia de formación académica: era una transacción económica, con transferencias bancarias que están documentadas.

¿Cuánto pagaban?

Entre 300 mil y 600 mil pesos.

¿Y el monto total?

No quiero dar un número exacto, pero el cálculo estimativo muestra que es una cifra muy significativa.

¿Había docentes involucrados en la organización?

Sí, hay docentes y también personas ajenas al sistema educativo.

¿Va a haber sanciones rápidas por parte del Ministerio de Educación?

Hay tres instancias: la de Junta, que bloquea al docente por dos años; la penal, con la denuncia ya realizada; y la administrativa, a través del sumario. No son procesos inmediatos, pero tampoco eternos. Esta gestión ya ha cesanteado docentes por inasistencias reiteradas, más de 150 en un solo acto. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, respetando el debido proceso. En la mayoría de los casos no hay forma de alegar desconocimiento: no hubo curso, solo una transferencia y un certificado. Eso probablemente que termine en cesantías. Destaco además el acompañamiento unánime de los gremios docentes en esta denuncia.