La causa por las estafas vinculadas a los planes de vivienda de la Asociación Docente Provincial (ADP) en Salta, suma un nuevo capítulo. Los defensores de Patricia Argañaraz, exsecretaria general del gremio, y de la ex tesorera Ana María Cerezo, solicitaron ante los jueces de la Sala IV del Tribunal de Impugnación que se dejen sin efecto las condenas a seis años de prisión que ambas cumplen en la unidad carcelaria de Villa Las Rosas.

El planteo se basa en un acuerdo civil alcanzado con las familias damnificadas, que fue homologado judicialmente y que dispuso la liquidación del fideicomiso Virgen de Urkupiña I, estructura a través de la cual la antigua conducción administraba el dinero aportado por afiliados para planes habitacionales. Como parte de ese acuerdo, se estableció la distribución de un terreno ubicado en Melina Sola (San Luis), adquirido con fondos del fideicomiso, lo que permitió avanzar en una compensación esperada por las 120 familias afectadas.

El abogado Eduardo Romani, representante de 75 damnificados en la vía civil, explicó que este reparto del predio era "lo más anhelado" por los afectados, aunque aclaró que no se logró un entendimiento con la actual dirigencia de la ADP para entregar otra porción de tierras en Cerrillos, donde originalmente se proyectaba uno de los planes de vivienda frustrados.

La posición de la querella penal
En el expediente penal, la querella representada por el abogado Agustín Solá Garrido se opuso al planteo defensivo. Sostuvo que el acuerdo civil "ocurrió mucho después de la condena y de los recursos de casación, que es lo que se está resolviendo ahora", por lo que no corresponde utilizarlo para revertir la pena.

Solá Garrido también aclaró que la audiencia no fue solicitada por las imputadas, sino establecida por los jueces del Tribunal de Impugnación para tomar contacto directo con las acusadas antes de dictar la resolución final. Asimismo, anticipó que la defensa podría intentar acciones de revisión "en su momento, una vez que la condena quede firme".

Un fraude denunciado desde 2019
La causa se inició en 2019, luego de denuncias por presuntas irregularidades en la gestión de la ADP. El juicio oral concluyó en noviembre de 2024, con condenas para Argañaraz y Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas en 26 hechos.

También fueron declarados partícipes necesarios Raúl Dante Argañaraz (hermano de la exsecretaria general) y Nicolás Demetrio Zissi.

Durante el alegato final, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio afirmó que el desfalco ascendía a 500 millones de pesos, advirtiendo que, con actualización monetaria, "en algunos casos la pérdida supera los 19 millones por familia". Agregó que las víctimas confiaron en la solvencia del gremio, alentadas por la propia propaganda institucional que promocionaba los planes de vivienda.