Una situación profundamente delicada mantiene en vilo al norte provincial. Una niña de 12 años, que hace apenas semanas cumplió esa edad, cursa un embarazo de cinco meses y quedó en el centro de un proceso judicial y sanitario que ella misma no comprende del todo.

En los últimos días, la menor llegó a encadenarse en Ciudad Judicial después de recibir una notificación del hospital que la atiende y otra citación vinculada al fuero judicial. Según relató su entorno, la convocatoria mencionaba estudios médicos y la posible evaluación para una interrupción del embarazo, algo a lo que la niña expresó abiertamente que no quiere acceder. Su pareja, un adolescente de 14 años, también manifestó la misma postura, indicó Multivisión Federal.

Una citación confusa que encendió todas las alarmas
La familia contó que ayer por la tarde fueron nuevamente convocados, pero les aclararon que no se avanzaría con ninguna intervención y que solo se trataba de un chequeo médico. Aun así, el episodio dejó más dudas que certezas.

Qué debería analizar la Justicia
Aunque la menor manifiesta su voluntad de continuar el embarazo, el Estado está obligado a evaluar:

• Su capacidad de comprensión real.
• Los riesgos físicos y psicológicos de un embarazo a los 12 años.
• El contexto familiar y social.
• La existencia de posibles situaciones de vulneración o abuso, ya que la ley considera que toda relación sexual con menores de 13 años constituye delito, independientemente del consentimiento.

Por qué, según la ley argentina, podría corresponder una Interrupción Legal del Embarazo (ILE)
Sin emitir opiniones ni recomendaciones -porque solo los equipos médicos y judiciales pueden definirlo-, es importante aclarar qué marca la legislación argentina frente a un embarazo infantil:

1. El embarazo en menores de 13 años siempre implica sospecha de abuso. Esto activa protocolos que habilitan la ILE sin necesidad de denuncia formal.

2. El Código Penal y la Ley 27.610 contemplan la interrupción cuando el embarazo representa un peligro para la salud o la vida.
En una niña de 12 años, el riesgo físico y psicológico es considerado altísimo por los organismos de salud nacionales e internacionales.

3. La voluntad de la niña debe ser escuchada, pero no puede eximir al Estado de evaluar su integridad. A esa edad, la Justicia debe determinar si comprende realmente el alcance de su decisión y si no está mediada por presiones externas.

4. El interés superior de la niñez es el criterio rector. Esto significa que cualquier decisión -continuar o interrumpir- debe priorizar estrictamente su bienestar integral, no el de terceros.