A través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se derogó la norma que desde 1993 regulaba el sistema de precios en las instituciones educativas de gestión privada, permitiendo ahora que cada establecimiento fije libremente sus matrículas y cuotas sin autorización previa del Estado.

La medida implica un cambio profundo en la relación entre el Estado y los institutos privados, que hasta hoy debían comunicar y justificar los aumentos ante las autoridades antes de aplicarlos.

El Ejecutivo argumentó que el esquema vigente “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos a las realidades educativas y económicas del país”.

Según los fundamentos del decreto, la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”.

El texto sostiene que la obligación de informar y autorizar los valores con antelación “limita la capacidad de los colegios para adaptarse a las fluctuaciones del mercado” y que, en la práctica, esto los llevaba a “fijar cuotas más elevadas de lo necesario” por temor a no poder cubrir costos futuros.

El Gobierno también planteó que los institutos privados deben tener libertad para establecer sus condiciones de contratación y los salarios de su personal, en defensa del derecho de propiedad y la libre competencia.

En esa línea, se instruyó al Ministerio de Capital Humano para revisar las pautas del Decreto 2542/1991, que regula el financiamiento del sistema de educación privada, y elevar una propuesta de actualización.