Este jueves 2 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, el Senado tratará los vetos de Javier Milei (La Libertad Avanza) a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. Ambas propuestas fueron sancionadas por el Congreso a fines de agosto, pero el mandatario las vetó el 10 de septiembre.

El 17 de septiembre último, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de emergencia pediátrica del Garrahan con 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención. Por su parte, el rechazo al veto a la ley de financiamiento universitario había tenido 174 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones. Es decir que en ambos proyectos alcanzó la mayoría de 2 tercios necesaria para insistir con una ley vetada.

Ahora, en el Senado, la oposición también necesita los 2 tercios para revertir los vetos.
En medio de la sesión contra el veto presidencial, este jueves los trabajadores del Hospital Garrahan llevan adelante un paro de más de 24 horas y se movilizarán hacia el Congreso de la Nación.

¿Qué establece la ley de emergencia pediátrica?
En el contexto del conflicto con el Hospital Garrahan, el Congreso aprobó un proyecto que declara la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por 2 años. En concreto, la iniciativa propone, por un lado, la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.

Además, ordena la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos.

Según la Oficina Nacional de Presupuesto, equiparar los sueldos del personal y los residentes a noviembre de 2023 equivaldría a un gasto adicional anualizado de $ 133 mil millones.

¿Qué establece la ley de financiamiento universitario?

Propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, para este año, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC. Según la OPC, la iniciativa tendría un costo fiscal equivalente al 0,23% del PBI.