Entre los imputados hay funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares, que según la acusación, cumplían distintos roles dentro de la red.

La causa será llevada adelante por una Unidad Fiscal Especial, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, quienes representarán al Ministerio Público Fiscal en el juicio. 

Durante la investigación —que abarcó los años 2021 a 2023— se intervinieron más de 20 líneas telefónicas, se analizaron 50 cuentas bancarias con más de 1000 transferencias vinculadas a los internos, y se recolectaron 90 declaraciones testimoniales. También se denunciaron amenazas e intimidaciones contra testigos y autoridades penitenciarias.

Entre los imputados figuran ocho agentes penitenciarios que, según la acusación, cobraban sobornos a cambio de beneficios penitenciarios, como mejoras en calificaciones, cambios de pabellón, acceso a salidas transitorias y la introducción de elementos prohibidos como celulares, drogas y bebidas alcohólicas. El dinero era entregado en efectivo o vía transferencias electrónicas por familiares de los reclusos.

Además, se descubrió un sistema de comercialización de drogas dentro del penal, con tres ejes de funcionamiento: distribución interna, administración externa del dinero y connivencia de funcionarios que permitían el ingreso de estupefacientes.

Entre los acusados principales están los funcionarios Sergio Moya, Francisco Bisceglia, José Luis Alarcón, Raúl Arjona, Marcos Bucotich, Luis Castaño, Marcelo Olguín Magno y Rubén Guaymás, señalados por exacciones ilegales, asociación ilícita y comercialización agravada de estupefacientes dentro de una cárcel.

El juicio, que se desarrollará en la Sala VII del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, estará a cargo de los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar. Se prevé la participación de más de 180 testigos.