Los jueces que debe revisar la condena son Mariano Borinsky, presidente de la Cámara, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Este último fue denunciado días atrás por una expareja, por supuesta violencia de género.

Esta situación disparó dos cuestiones que pusieron en duda la posibilidad de que Hornos vote en la causa: una de ellas fue la recusación que presentó la expresidenta Cristina Kirchner contra el juez. Su argumento es que un juez denunciado por violencia de género no puede decidir sobre una mujer.

Ahora se reunirán los jueces Borinsky y Barroetaveña para decidir si prospera la recusación. Los camaristas son muy restrictivos con las recusaciones. Están normadas y en este caso es muy difícil que prospere, porque de lo contrario bastaría con que alguien denuncie a un magistrado y con la mera denuncie aparten al juez natural del caso. La semana próxima se resolverá.

La otra situación que disparó la denuncia a Hornos es una investigación disciplinaria en su contra. El pleno de la Cámara de Casación Penal, es decir todos sus colegas, se reunieron y decidieron informar sobre esta situación al Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de investigar y eventualmente sancionar a los jueces.

Pero una investigación en el Consejo de la Magistratura puede durar años (el plazo máximo es de tres años) y para que se llegue a una suspensión, en caso de que la situación lo amerite, ya debe estar votado el inicio de un juicio político.

El informe de la Cámara de Casación ya llegó al Consejo de la Magistratura y se abrió el expediente 150/2024, caratulado “Cámara Federal de Casación Penal remite Res. 305/24 Confr Art 3 1er Párrafo del Reg. DYA CM”.

Ingresó en la Comisión de Asignaciones del Consejo de la Magistratura, para definir si el caso se debe tratar en la Comisión de Disciplina, donde se sanciona a los jueces con multas por faltas leves; o si debe intervenir la Comisión de Acusación, donde se analiza si corresponde destituir al magistrado mediante un juicio político. El caso puede entrar en una comisión y terminar en otra, o viceversa.

El abogado radical Miguel Piedecasas preside la Comisión de Acusación y el abogado kirchnerista Héctor Recalde, la de Disciplina. El presidente de cada comisión es quien marca el ritmo de las investigaciones. Se dispone que un consejero sea el instructor y que, tras una breve investigación, decida si promueve el archivo del caso o que se vote una sanción.

El kirchnerismo tiene al juez Hornos en la mira, pues le reprocha los fallos dictados en perjuicio de Cristina Kirchner en numerosos expedientes, además de una visita que realizó en la Casa Rosada a Mauricio Macri, cuando era presidente.

Cualquiera sea la decisión, se designará a un concejero que instruya el caso y la resolución de esta denuncia puede llevar meses.

En tanto, el juez Hornos no tiene previsto pedir licencia de su cargo, por más que la denuncia en su contra siga adelante. De hecho, el lunes pasado, el fiscal Guillermo Marijuan, que tiene delegado el caso, citó a la denunciante para que ratifique o no sus dichos.

Así las cosas, la causa Vialidad estaría en condiciones de ser resuelta por Hornos, Borinsky y Barroetaveña. “La votación debería continuar. Los plazos están vencidos. Las audiencias fueron en el primer semestre y estamos próximos a fin de año. Seguramente se resolverá en el mes de septiembre. Va a haber una sentencia, se va a resolver”, le dijo a LANACION una alta fuente judicial.

Hay un voto que ya está girando entre los jueces. Se trata de la opinión del propio juez Hornos, que se pronunciaría por elevar la condena a Cristina Kirchner a 12 años de prisión, pues a los cargos de fraude le agregaría el de asociación ilícita, como reclamó el fiscal de juicio Diego Luciani e insistió el fiscal de Casación Mario Villar.

Pero la posición de Hornos es por ahora bastante solitaria. Borinsky está analizando el asunto y primaría la idea de que no correspondería aplicar la pena máxima para el delito de fraude, incluso tomando las 45 licitaciones como un solo hecho de fraude, tratándose de una persona sin antecedentes penales.

Borinsky, de hecho, participó en un fallo del 1° de agosto pasado que dejó firme la responsabilidad penal del exministro kirchnerista Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once, pero se pronunció a favor de que se revise la pena de cinco años y ocho meses de prisión porque, dijo, se aplicaron agravantes que no correspondían y no se aplicaron atenuantes que si correspondían.

Un anticipo de lo que puede ser su voto en esta causa de Vialidad. Y la misma idea primó cuando revisó las condenas en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, donde bajó la pena de Lázaro Báez porque no tenía otros antecedentes en ese momento.

Es un misterio, en tanto, el voto del juez Barroetaveña, que espera que termine Borinsky de delinear sus argumentos para pronunciarse. Son 14 imputados y 13 condenas que hay que revisar. A esta altura de la deliberación, hay una certeza: el fallo está dividido. Si Barroetaveña –juez con experiencia en juicios orales y valoración del monto de las penas– suma sus argumentos a los de Borinsky, es posible que Cristina Kirchner se vea beneficiada en la causa Vialidad con una reducción de la condena.

La pena de seis años podía reducirse en unos meses, pero no como para convertirse una condena inferior a tres años, que implicaría que sea en suspenso. Cristina Kirchner, de todos modos no iría presa hasta tanto sea rechazado el último recurso ante la Corte. Y aún así, como tiene 70 años, puede pedir el arresto domiciliario.

Cristina Kirchner fue condenada el 6 de diciembre de 2022 en la causa Vialidad por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu a seis años de prisión. Gorini y Giménez Uriburu votaron por condenarla por el delito de fraude contra la administración pública. Y Basso, en minoría, se había pronunciado por sumar el delito de asociación ilícita, como lo reclamó el fiscal Luciani.

La Casación realizó entre febrero y el 9 de mayo de 2024 seis audiencias con el fiscal Villar y los abogados defensores de los condenados y absueltos. Ahora deberán decidir.

Villar reclamó elevar a 12 años de prisión la pena de la expresidenta y que se la condene no solo por fraude al Estado, como lo hizo el tribunal oral, sino como jefa de una asociación ilícita por las 51 licitaciones irregulares. También, que se confirme su inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos. La otra idea es que se considere a cada una de las 51 licitaciones como un hecho de fraude en particular y se agrave la pena en función del concurso de delitos.

El fiscal pidió que sean condenados por asociación ilícita Cristina Kirchner, como jefa, y como organizadores el exsecretario de Obras Públicas José López; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el extitular de Vialidad Nelson Periotti, y el empresario Lázaro Báez. Asimismo, pidió que sean condenados Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas; Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y Carlos Santiago Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner.

Para el fiscal Villar se deben aplicar las penas que pidió en el juicio oral el fiscal Luciani: 12 años de prisión para Lázaro Báez, 10 años para De Vido y José López, seis años de prisión para Periotti; cuatro años para Fatala y tres años de prisión en suspenso para Garro. Respecto de Carlos Kirchner, Luciani pidió dos años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.