El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), inició una auditoría masiva de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, con foco en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La medida surge tras la detección de graves irregularidades en la concesión de estas pensiones, que podrían involucrar a más de 500.000 beneficiarios.

Una investigación previa reveló que solo el 7% de las pensiones auditadas cumplían con los requisitos legales, mientras que el resto mostraba inconsistencias significativas. Entre las irregularidades descubiertas, se encontraron casos tan insólitos como la presentación de una radiografía de un perro para justificar la invalidez de un solicitante, lo que subraya el descontrol en la gestión de estos beneficios.

El portavoz presidencial Manuel Adorni denunció que se desviaron USD 3.400 millones a través de facturaciones falsas de prestaciones médicas, y la auditoría se extenderá ahora a las más de 1.250.000 pensiones otorgadas en todo el país.

El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, afirmó que la auditoría busca corregir el sistema para que solo quienes realmente lo necesiten reciban estos beneficios. Las autoridades señalan que las pensiones fueron utilizadas durante gestiones anteriores como moneda de cambio para favores políticos, otorgándose a personas sin invalidez real o que no cumplían con los requisitos legales.

El proceso de auditoría, que ya comenzó en Buenos Aires y continuará en otras provincias, pretende limpiar el sistema de corrupción y asegurar que los fondos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Las autoridades aseguraron que los beneficios serán retirados solo a quienes los obtuvieron de manera fraudulenta, preservando los derechos de los beneficiarios legítimos.