En 2016, bajo la presidencia de Federico Sturzenegger en el Banco Central de la República Argentina, se lanzó una nueva modalidad de créditos hipotecarios, mediante la cual se autorizaba la actualización del capital: los créditos UVA.

El sistema, anunciado como una solución, se transformó en un problema, debido a la asimetría entre una deuda que crece diariamente, al ritmo de la inflación, mientras los salarios se recomponen en plazos mucho mayores. Esto llevó a que muchos deudores enfrentaran una cuota mucho mayor a la anticipada por las entidades financieras.

En la actualidad, miles de familias se encuentran endeudadas bajo este sistema. El desajuste entre las previsiones inflacionarias anunciadas por el gobierno de Macri y la inflación real, ha modificado significativamente las condiciones iniciales de los contratos, lo que vuelve urgente un nuevo marco para posibilitar el desendeudamiento familiar.

El proyecto presentado por Kirchner y Giménez surge como iniciativa ante los reclamos de los deudores UVA y propone que las entidades financieras habiliten la opción de limitar el importe de las cuotas a pagar, a los deudores que enfrenten una cuota mensual superior al 30% de sus salarios. Esta limitación se dará en función de la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), conservando la tasa de interés pactada, con una tasa máxima del 4,90%. La cuota resultante de dicha actualización no podrá superar el treinta por ciento (30%) de los ingresos totales del hogar familiar.

De esta manera, las legisladoras buscan que acreedores y deudores se encuentren, bajo el principio de esfuerzo compartido, en nuevas condiciones para asegurar el cumplimiento de cada contrato.