El Gobierno Nacional ha publicado en la madrugada la reglamentación de una parte clave de la Reforma del Estado, fundamentada en la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos". Esta normativa se estructura en cuatro capítulos: Reorganización Administrativa, Privatización, Procedimientos Administrativos y Empleo Público, este último con una instancia de evaluación.

En esta primera fase, el Ejecutivo ha establecido las normativas relacionadas con el Título II, que abarca modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y la privatización de empresas públicas.

Uno de los aspectos más destacados de esta legislación es el dedicado a las privatizaciones de empresas públicas. Entre las compañías que se incluyen en este proceso se encuentran:

• Energía Argentina (ENARSA)
• Intercargo
• AySA
• Belgrano Cargas
• Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
• Corredores Viales
• Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
• Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)

Federico Sturzenegger, principal ideólogo de esta profunda reforma, comentó esta mañana que "el Congreso ha sido generoso en las delegaciones, permitiendo al Estado ajustar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También faculta al cierre de cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos". Entre las entidades que no serán eliminadas figuran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina).

El Ministro de Desregulación también anunció que "estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado, que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados". Adelantó que el primer decreto, que cerrará definitivamente el INADI, se publicará en breve tras esta reglamentación.

El Boletín Oficial detalla el procedimiento para la privatización, que comienza con un informe detallado que el Ministro o Secretario de la Presidencia, en cuya jurisdicción se encuentre la empresa a privatizar, debe presentar al Poder Ejecutivo Nacional.

Este informe debe incluir:

• - El carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento.
• - El procedimiento de selección y los plazos estimados para cada etapa.
• - La posible propuesta para otorgar preferencias y, si corresponde, un Programa de Propiedad Participada con detalle de los sujetos adquirentes y proporción de capital accionario.

Una copia de este informe deberá ser enviada a la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación para avanzar con el proceso.

La convocatoria para presentar ofertas en los procedimientos de privatización se publicará en el Boletín Oficial durante siete días, y la última publicación debe realizarse al menos treinta días antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. La convocatoria también se hará a través del sitio web de la autoridad de aplicación desde el inicio de la publicación en el Boletín Oficial. En el caso de procedimientos internacionales, se requiere publicación en al menos un sitio web accesible para interesados extranjeros durante tres días, con al menos 45 días de antelación a la fecha de presentación de ofertas.

La falta de tasación debe justificarse en un informe detallado. En caso de tasación por entidades privadas, nacionales o extranjeras, estas deben tener una reconocida trayectoria. Además, se deberá realizar un inventario de bienes en conjunto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Antes de la formalización de los contratos, será obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Finalizado el proceso de privatización, la Autoridad de Aplicación deberá remitir las actuaciones correspondientes a la Auditoría General de la Nación para un examen final que asegure la transparencia y adecuación del proceso.

En resumen, Sturzenegger afirmó que estos cambios de fondo "constituyen la respuesta del presidente Milei al mandato recibido en las urnas y que hoy se pueden implementar gracias a la aprobación del Congreso Nacional".