La jueza, hizo lugar a la acción de amparo colectivo que habían impulsado los asesores de incapaces del distrito judicial de Orán, Gladys Reynoso y Cristian Babicz, por los derechos de los habitantes del norte provincial a contar con un servicio de salud mental de calidad. Sin embargo, su fallo apunta a políticas integrales que tienen alcance en toda la provincia.

Carriquiry ordenó al Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Fiscalía de Estado que informen las inversiones realizadas en salud mental en Salta. Dispuso que deberá contemplarse un presupuesto para salud mental que represente el 10 % de los fondos de la cartera sanitaria. También ordenó regularizar la situación del hospital San Vicente de Paul de Orán y contratar a psiquiatras y psicólogos para esa institución.

El presupuesto que destina hoy la Provincia a salud mental es del 0,4 % del asignado al Ministerio de Salud, pese a que la ley nacional que regula la materia establece que debería ser del 10 %.

Ana María Carriquiry indicó que la Auditoría General de la Provincia deberá controlar la ejecución del presupuesto en materia de salud y salud mental.

También se ordenó poner en funcionamiento, en un plazo de 10 días, el órgano de revisión en salud mental, que debe ocuparse de verificar que haya tratamientos integrales y adecuados. Hasta que funcione, deberá intervenir el Comité contra la Tortura para supervisar la situación de los pacientes internados por problemas psiquiátricos en la provincia.

La sentencia se conoce luego de que trabajadores del hospital Miguel Ragone sacaran a la luz graves problemas estructurales y administrativos en esa institución, que es el centro de referencia de la provincia y recibe a numerosos pacientes del interior por la falta de profesionales y recursos en distintos municipios.