La paralización de la obra pública en Argentina ha creado un escenario desolador para la mayoría de las empresas dedicadas a la construcción en colaboración con el Estado, a nivel nacional. Más de 500 mil empleados en el país podrían encontrarse en una situación precaria si no se reactiva este sector.

La situación en la provincia de Salta refleja la realidad del país, aunque en menor medida. Numerosas pequeñas y medianas empresas, así como la gran mayoría de los trabajadores de la construcción, enfrentan dificultades significativas.

La Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) han emitido un comunicado conjunto, destacando el panorama desolador en el sector de la obra pública desde la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre. Advierten sobre la intención de abandonar un sector que emplea a 500 mil personas, y expresiones como "no se realizará más obra pública", "los proyectos de viviendas sociales se convertirán en desarrollos inmobiliarios" y "las obras con ciertos niveles de avance deberán detenerse" han causado un gran impacto en el sector.

Juan Carlos Segura, presidente de la Cámara de Constructores, explicó la situación en Salta y las posibles consecuencias para los trabajadores del rubro. Señaló que la falta de asignación de recursos para la obra pública desde el 10 de diciembre ha afectado gravemente la actividad en la provincia. Además, destacó que las expresiones que niegan la continuidad de la obra pública y el manejo de viviendas sociales por parte de desarrolladores son una falta de respeto hacia los Institutos Provinciales de la Vivienda (IPV).

En una reunión con el ministro Sergio Camacho, se discutió una propuesta para resolver la situación, con la esperanza de encontrar una solución antes de que la situación empeore aún más.

La incertidumbre surge respecto a cuántas pequeñas y medianas empresas podrían quebrar en la provincia, ya que no se les está pagando y están sin trabajo. Según Segura, las 60 empresas asociadas a la Cámara están en una situación precaria, algunas luchando por terminar proyectos y otras al borde de la quiebra, coincidiendo con la situación a nivel nacional según el comunicado de las entidades mencionadas.

En cuanto al desempleo generado, aunque la CPC y la CAME estiman que 500 mil personas se dedican a la obra pública en Argentina y podrían quedar sin empleo, en Salta el número es menor pero igualmente preocupante. Aproximadamente 7,000 personas ya han perdido sus empleos, y la minería o el sector privado no pueden absorber a todos debido a limitaciones físicas y de capacidad. Según Segura, solo el 30% de estos desempleados podría ser absorbido por la minería, dejando a 4,900 personas sin empleo y sin alternativas evidentes.