El oficialismo convocó formalmente esta tarde a las Reuniones Informativas Conjuntas de las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, donde dispuso esta semana que se trate el mega proyecto, desoyendo los pedidos de la oposición para que el extenso proyecto se debata con mayor amplitud. Serán el martes y el miércoles que viene, entre las 14 y las 20, y entre las 9 y las 20, respectivamente, en la Sala de Reuniones del edificio del Anexo.

En el llamado que hizo formalmente el presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, Gabriel Bornoroni, se informó que asistirán funcionarios del Poder Ejecutivo, y se instó a los legisladores para que envíen, en el curso de los próximos tres días, hasta el lunes, las preguntas que quieran plantearles. En Gobierno no informaron todavía a quiénes designarán para responder las inquietudes de la oposición en el Congreso, sea de los legisladores aliados o de los más críticos. Pero en los despachos legislativos esperaban que fueran el ministro de Economía, Nicolás Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

La ambición del kirchnerismo es una cita cara a cara con el principal autor del proyecto, Federico Sturzenegger, ex funcionario de Mauricio Macri. Pero en la Casa Rosada deslizaron que, como no tiene un cargo formal (por ahora es sólo un asesor ad-honorem) no correspondería.

A pesar de las fuertes críticas del kirchnerismo al contenido de la ley, y de parte del radicalismo y el sector moderado de Pro por las formas -un solo paquete con centenares de leyes que modifican estructuralmente los cuerpos normativos- en la Casa Rosada están convencidos de que ganarán el debate legislativo con ayuda de los aliados macristas, los gobernadores que se independicen de Cristina Kirchner y los peronistas disidentes del kirchnerismo.

Mientras tanto, oscilan entre la estrategia del “todo o nada” y la dialoguista. Desde las altas cúpulas del Ejecutivo aseguran que no cambiarán “ni una coma”, pero los alfiles libertarios en el Congreso y algunos funcionarios, principalmente el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Omar Yasín, se muestran dispuestos, al menos, a escuchar y proponer modificaciones a los autores del proyecto.