Así se desprende del listado al que accedió El Tribuno, de los 4.588 beneficiarios de ese plan nacional que se dieron de baja en 14 provincias por posibles incompatibilidades.

La medida fue comunicada hoy en la resolución 17/2023 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial de Nación. De acuerdo al detalle del anexo de la normativa, las irregularidades se descubrieron tras el entrecruzamiento de datos del plan social con información brindada por la Secretaría de Gestión de Recursos Humanos de la Provincia, a cargo de Eilif Riise.

La decisión había sido anticipada días atrás por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras el avance de una investigación del fiscal federal Guillermo Marijuan, que cruzó las bases de datos del programa con las planillas de empleados públicos de 14 provincias, que remitieron esas listas. Los distritos investigados hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Santa Cruz y Salta. El resto de las administraciones todavía no enviaron sus datos, a pesar de haber sido intimadas.

En su investigación preliminar, Marijuan acusa a los beneficiarios con incompatibilidades de "la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública".

También apuntó contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que "sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público".

Días atrás, el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, había dado a conocer que según investigaciones judiciales como la llevada adelante por el fiscal Marijuan, serían 160 mil los casos en los que se registraron irregularidades de diversa índole con el Potenciar Trabajo.

Detalles del plan Potenciar Trabajo

Los titulares de Potenciar Trabajo cobran $78.000 por mes y el monto acaba de ser congelado por el Gobierno nacional.

El objetivo del plan, según consigna en sus fundamentos oficiales, es "contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica".

Una de las incompatibilidades para recibir el beneficio es "la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado".

En Salta hay unos 55.000 titulares de ese programa, de los cuales alrededor de 30.000 residen en la ciudad Capital. En abril del año pasado se dieron de baja unos 2.000 de esos beneficiarios porque no habían realizado la actualización de sus datos para percibir el beneficio.