El PAMI en Salta sigue dando que hablar. Ahora fueron imputadas tres personas, dos de ellos empleados de la sede local de la obra social de los jubilados. El delito que se les acusa es defraudación a la Administración Pública, calificación a la cual se sumó, en concurso ideal, la de incumplimiento de deberes de funcionario público.

La acusación, instada por el auxiliar fiscal Facundo Mirabella, en representación del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, fue receptada por el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio. Además se hizo lugar a otros planteos de la fiscalía, entre ellos la determinación del plazo de investigación y ciertas medidas de coerción requeridas.

La acusación, según lo que se pudo saber después de la audiencia de formalización de la investigación penal, recayó sobre Claudio Marcelo Palacios y Ricardo Gabriel Coronel, empleados del PAMI. Y se incluyó a Sebastián Gonzalo Villagrán Di Pietro, dueño de una empresa de servicios de logística digital.

Al presentar el caso, Mirabella sostuvo que la investigación se inició el 25 de octubre pasado, a raíz de una denuncia anónima que daba cuenta de posibles irregularidades en materia de contrataciones y licitaciones que se llevaban adelante en la Unidad de Gestión Local XII Salta, dependiente del PAMI.

Explicó que, en concreto, la denuncia giraba en torno a dos expedientes de contratación de servicios que presentarían falencias respecto al cumplimiento de requisitos y otros trámites, y que fueron sindicados como responsables de ello Palacios y Coronel, mientras que Villagrán Di Pietro aparecía favorecido en las maniobras.