El nuevo capítulo de Precios Justos, dado a conocer por el ministro de Economía, Sergio Massa , guarda una serie de condiciones que intentarán anclar expectativas y domar la inflación, hoy una de las principales preocupaciones del Gobierno. Gremios y organizaciones sociales también miran el tema de cerca, ante paritarias y remuneraciones golpeadas por la suba de precios, pero con un perfil bajo, lejos de los flashes que despertó Camioneros el mes pasado. A todas luces, de acuerdo con proyecciones de consultoras privadas como EcoGo, Abeceb y Econviews, la suba de precio s de enero sería más alta que la de diciembre último, un 5,1% para el INDEC, con posibilidades de arañar el 6%. Fernando Marengo, de Arriazu Macroanalistas cree que la cifra del primer mes de 2023 será del 5,5% pero con “una discrecionalidad enorme por parte del Gobierno con tarifas y ajuste de precios regulados, una porción cada vez más grande del IPC”. En febrero, el panorama no aparece alentador por la serie de incrementos ya autorizados: tarifas de servicios públicos, alquileres, combustibles, telefonía celular y prepagas. Un combo al que se le puede añadir el avance del dólar blue, que contó con un mayor movimiento debido a la temporada veraniega. Massa , como lo menciona en cada oportunidad, y ayer durante la presentación no fue la excepción, no esconde el problema que significa el fuerte avance de precios, confía en sus métodos de pelea y supo reunir detrás de su anuncio a una gama de empresarios, gremialistas de la CGT de suma afinidad, como Héctor Daer y Carlos Acuña, e intendentes. “La inflación es el peor veneno que tiene una economía, porque es pérdida de valor de moneda, pérdida de valor del salario, pérdida de activos y patrimonio, pero, además, porque significa que no hay reglas”, apuntó el funcionario durante su discurso. Los incrementos en la carne y el dólar blue traerían mayor presión inflacionaria Y habló de certezas: la primera es que “hay casi 50 mil productos que del 1° de febrero al 30 de junio van a aumentar solo un 3,2% mensual”. Acto seguido, precisó que 2 mil productos “van a seguir teniendo precios fijos, porque es lo que le permite al consumidor o al trabajador cuidar un poco más su ingreso, su salario a la hora de elegir en la góndola del supermercado”. La parte titulada controles también supo ocupar un espacio de la exposición del ministro. Con el ruido que generó el ingreso de representantes del gremio de los Moyano a centros de distribución de supermercados el último mes, más las acciones de organizaciones sociales, algunas con sintonía con el Frente de Todos, Massa reconoció que el “gran desafío era resolver ese temor que presenta en algunos la idea de que la verificación o el control es malo”. De hecho, dijo que muchos vieron “algún chaleco de algún municipio, un sindicato, en un supermercado y enseguida entraron en pánico, cuando en realidad lo que estaban haciendo es verificar. Para aquellos que no les gustan las verificaciones físicas, implementamos un sistema de verificación de 15 millones de datos por día online”. En este punto, el rol de los gremios dejó de tener impacto directo. A la aparición de Camioneros le siguió una proclama del colectivo sindical de Carlos Acuña, el de trabajadores de estaciones de servicio, que motorizó una auditoría de precios de combustibles, relevando el 60% de las bocas de expendio y verificando un nivel de cumplimiento alto. Pero no aparecieron otros sindicatos comprometidos con el tema ni nuevas acciones con efecto mediático para evaluar el desarrollo de Precios Justos. Es más: algunos como ATE Capital pidieron, a través de su líder, Daniel Catalano, que el Gobierno saque a la calle en una primera etapa a inspectores con capacidad de clausura a comercios, como le expresó el dirigente a este medio, y otros directamente tomaron una distancia prudente, como el Sindicato de Alimentación, que con Rodolfo Daer a la cabeza, el hermano de Héctor, cultiva un perfil diametralmente opuesto a la familia Moyano. Solo queda en pie, con acciones de campo, La Dignidad, una organización social que conduce un exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer. En diálogo con PERFIL, sostuvo que no posee relación con la Secretaría de Comercio Interior y que pisaron 150 supermercados de Buenos Aires para ver qué sucede con el programa oficial. “Encontramos disparidades en puntos de la provincia de Buenos Aires y volcamos la información en un documento que vamos a entregar en la Secretaría de Comercio”, detalló Klejzer, quien adelantó que habrá monitoreos en establecimientos en provincias. En Comercio, ante la consulta de este medio, aclaran que la capacidad de fiscalización es exclusiva del Estado y que la información que las organizaciones obtienen se comparte. “Así como hay empresarios que transmiten dificultades o necesidades, también hay sindicatos u organizaciones que nos informan de algunas situaciones que es necesario verificar”, dicen cerca de Tombolini. Además, agregan que solo tuvieron contacto formal con Daniel Menéndez de Barrios de Pie para trabajar en la difusión de la app de Precios Justos.