La Cámara Nacional Electoral resolvió intervenir judicialmente el Partido Justicialista (PJ) Distrito Salta y designó como interventor judicial a José Luis Napoleón Gambetta, con la misión específica de concretar la normalización del partido mediante elecciones internas. La decisión surge tras más de un año de intervención partidaria por parte del PJ nacional.

La intervención inicial del distrito Salta, fue en el orden partidario y se había disparado el 24 de febrero de 2025 y ratificado por el Congreso Nacional del PJ, el 20 de mayo de 2025. La titular del partido a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner, había designando como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso.

Posteriormente se produjeron nuevos nombramientos y el 20 de febrero pasado, fueron designados dos referentes locales: Pablo Kosiner y Nora Cannuni, quienes dispusieron hace pocos días la convocatoria a elecciones internas para el 25 de octubre de 2026, meses después de vencido el plazo original de intervención.

En este sentido el fallo judicial electoral destaca que en todo proceso, los interventores designados no realizaron actos concretos ni convocatorias verificables, lo que generó un vaciamiento institucional y afectó directamente los derechos de los afiliados de Salta.

Según el tribunal, la intervención partidaria prevista en la Ley 23.298 es una herramienta excepcional, destinada a restablecer la normalidad en casos de acefalia de órganos, renuncias masivas o incumplimiento de elecciones internas. Sin embargo, el uso reiterado y prolongado de esta medida por el PJ nacional se convirtió en un "mecanismo abusivo", que no logró solucionar los conflictos del distrito y comprometió la autonomía y democracia interna del partido.

Lo que concluyó el Tribunal
Los antecedentes citados por la Justicia electoral señalan también que la convocatoria a internas recién para el 25 de octubre de 2026, es "tardía" respecto al vencimiento de la intervención y sin garantía de "concreción de actos electorales verificables". Por ello, el tribunal concluyó que la única forma de asegurar la efectiva normalización institucional era mediante la intervención judicial.

El interventor judicial tendrá la obligación de presentar informes quincenales sobre sus acciones, informar al Juzgado Federal con competencia electoral en Salta y garantizar que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, estableciendo fechas y pasos claros para la elección interna de autoridades.

El fallo resalta que situaciones como la de Salta, donde la intervención partidaria se prolonga sin resultados concretos, afectan no solo la vida política interna, sino también los derechos de los afiliados y la representatividad del partido en la provincia. La medida busca restablecer la función democrática de la organización y su autonomía distrital, evitando que las intervenciones nacionales se conviertan en un instrumento indefinido y arbitrario.